Redacción
ALMOLOYA DE JUÁREZ.- Un juez federal vinculó a proceso al exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas, relacionado con el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014.
La resolución fue dictada luego de una audiencia de más de 15 horas en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, donde la Fiscalía General de la República (FGR) presentó los datos de prueba obtenidos en contra del exmandatario.
El juez de control Mario Elizondo Martínez consideró que existen elementos suficientes, en esta etapa del procedimiento, para establecer la existencia de un hecho que la ley considera delito y la probable participación de Aguirre Rivero.
Además, el juzgador ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el exgobernador permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, “El Altiplano”, mientras enfrenta el proceso penal.
También concedió un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual tanto la Fiscalía como la defensa podrán reunir nuevos elementos de prueba.
Acusado de ordenar la destrucción de evidencias
La imputación de la FGR contra Aguirre Rivero está relacionada con la presunta desaparición de grabaciones de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, que habrían registrado parte de los acontecimientos ocurridos durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
De acuerdo con la Fiscalía, las imágenes mostraban la llegada de uno de los autobuses en los que viajaban normalistas a las inmediaciones del Palacio de Justicia y el posterior traslado de algunos estudiantes hacia otra unidad.
La investigación sostiene que esos videos podían constituir una evidencia relevante para determinar qué ocurrió con parte de los 43 normalistas y establecer la ruta que siguieron después de ser privados de la libertad.
La acusación se apoya, entre otros elementos, en testimonios recabados por la FGR, según los cuales Aguirre Rivero habría recibido material relacionado con las cámaras y posteriormente habría ordenado su desaparición o destrucción.
La Fiscalía sostiene que un segundo testimonio obtenido en mayo de 2026 reforzó esa línea de investigación, al señalar que el entonces gobernador habría instruido durante una reunión con funcionarios de primer nivel de su administración eliminar evidencias relacionadas con los acontecimientos de Iguala.
La vinculación a proceso no implica una sentencia de culpabilidad, sino que permite a la FGR continuar formalmente el procedimiento penal contra el exgobernador por considerar el juez que existen elementos suficientes para investigarlo por su probable participación en los hechos.
Durante la audiencia, la defensa del exgobernador presentó 31 datos de prueba con los que buscó desacreditar la imputación de la Fiscalía y particularmente la versión sobre la supuesta entrega de las grabaciones.
Uno de los principales argumentos de los abogados fue que Aguirre Rivero no se encontraba en Guerrero en el momento en que presuntamente recibió el material, sino en la Ciudad de México, donde habría sostenido una reunión con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
La defensa presentó testimonios y documentos para sostener que el exmandatario se encontraba fuera de Guerrero y, por lo tanto, no habría podido recibir las grabaciones en el horario señalado por uno de los testimonios utilizados por la Fiscalía.
Sin embargo, el juez determinó que los elementos presentados no eran suficientes en esta etapa procesal para desvirtuar los datos de prueba de la FGR, por lo que resolvió sujetar a Aguirre Rivero a proceso.
Ángel Aguirre fue detenido el pasado 6 de agosto por agentes federales en cumplimiento de una orden de aprehensión relacionada con las investigaciones del caso Ayotzinapa.
Desde entonces permanece recluido en El Altiplano, donde enfrentará el proceso después de que el juez mantuviera la prisión preventiva.
La defensa del exmandatario ha buscado que la medida cautelar sea modificada para que pueda continuar el procedimiento bajo prisión domiciliaria, entre otros argumentos por su edad y condiciones personales, pero hasta ahora permanecerá en el centro penitenciario federal.
La vinculación a proceso ocurre casi 12 años después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida durante el segundo periodo de Ángel Aguirre como gobernador de Guerrero.
La crisis generada por los acontecimientos de Iguala provocó que el entonces mandatario solicitara licencia al cargo el 23 de octubre de 2014, menos de un mes después de la desaparición de los estudiantes.
Con la resolución judicial de este miércoles, la FGR tendrá cuatro meses adicionales para profundizar las investigaciones sobre la presunta destrucción u ocultamiento de evidencias que pudieron contribuir a establecer el destino de los normalistas, mientras la defensa podrá aportar elementos para combatir las imputaciones formuladas contra el exgobernador.
