El homicidio de Javier López Reyna en Tijuana eleva a 17 la cifra de abogados asesinados durante la actual administración estatal. El gremio jurídico exige la implementación inmediata de protocolos de protección ante la escalada de violencia y la falta de esclarecimiento en casos previos.
Patrón de violencia contra el ejercicio legal
El asesinato de Javier López Reyna, de 52 años, ocurrido el 23 de julio de 2026, marca un punto crítico en la vulnerabilidad de los litigantes en la entidad.
- Hechos: El ataque fue perpetrado por un solo agresor que disparó en repetidas ocasiones afuera del domicilio de la víctima en la colonia Granjas La Esperanza, Tijuana.
- Contexto operativo: El crimen representa el segundo caso registrado durante el año en curso y el número 17 bajo el mandato de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
- Antecedentes recientes: El incidente sucede a menos de un mes del asesinato del abogado penalista Jesús Noriel Valdéz Urías, ocurrido el 29 de junio de 2026 en Ensenada.
El gremio exige mecanismos de salvaguarda institucional
Organizaciones jurídicas señalan que la abogacía en Baja California ha mutado hacia una profesión de alto riesgo, ante la inacción de las autoridades de seguridad.
- Demanda central: El Colegio de Abogados de Tijuana y la Barra de Abogadas “Lic. María Sandoval de Zarco” exigen la aprobación urgente del Protocolo de Atención y Protección para Abogadas y Abogados.
- Vulnerabilidad sistémica: Los colegiados denuncian que la falta de esclarecimiento en homicidios previos —como los de Emilia Ortega Aceves y Arturo Pérez Anguiano Scully— perpetúa un ciclo de impunidad.
- Postura de la Fedabo: David Jesús Rincón Rey, presidente de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California, ha sostenido desde enero que la frecuencia de estos ataques requiere medidas de prevención y coordinación institucional inmediata.
La inacción en el marco de protección legal
A pesar de la existencia de una propuesta de protocolo diseñada para mitigar situaciones de riesgo, el gremio advierte que el documento permanece sin ser ratificado.
La presidenta de la Barra de Abogadas, Estefanía Campos García, calificó la situación como una crisis que no debe ser tratada bajo la premisa de casos aislados. La exigencia hacia la Fiscalía General del Estado de Baja California se centra en la obtención de resultados periciales y la localización de los responsables materiales de los 17 asesinatos acumulados en la presente gestión.
