La Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez ha confrontado a la Fiscalía General del Estado (FGE) por un operativo ejecutado en la Casa del Migrante “Jesús Esperanza en el Camino”, derivado de la captura de un ciudadano guatemalteco acusado de feminicidio.
El operativo de la fiscalía en el albergue
La autoridad estatal sostiene que la intervención en el refugio fue estrictamente legal para ejecutar una orden de aprehensión por el feminicidio de Nelly Dayana Hernández Doñez, adolescente de 17 años con alerta nacional de búsqueda.
La FGE ha justificado el uso de la fuerza pública bajo los siguientes argumentos:
- Resistencia al acceso: Funcionarios ministeriales aseguran que los encargados del inmueble se negaron a facilitar el ingreso de los agentes a pesar de la notificación de la orden judicial.
- Justificación legal: La dependencia afirma que la irrupción fue una medida necesaria ante la negativa inicial de abrir la puerta, utilizando facultades que permiten el acceso forzoso en tales condiciones.
- Perfil del imputado: El sospechoso, quien habría huido a Guatemala tras el crimen hace dos meses, fue localizado en el albergue mientras intentaba desplazarse hacia el norte del país.
La versión de la pastoral social
La Iglesia católica, a través de la Comisión Diocesana de la Pastoral Social, contradice la narrativa oficial y cuestiona el protocolo de actuación de los agentes de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial.
El sacerdote Gilberto Hernández García, asesor de dicha comisión, ha señalado irregularidades críticas durante el operativo ocurrido a las 10 de la noche del 6 de agosto:
- Omisión de documentos: Se denuncia que los elementos ministeriales no presentaron la orden de cateo al momento de la incursión en el recinto.
- Uso desmedido de fuerza: El reporte eclesiástico sostiene que las autoridades derribaron una puerta pese a que el personal del albergue ya se encontraba en el proceso de permitirles el paso.
- Riesgo institucional: La Arquidiócesis advierte que la forma en que se efectuó el operativo expuso innecesariamente a los voluntarios, menores de edad y personas en situación de movilidad.
Exigencia de transparencia y daños reportados
La jerarquía eclesiástica ha marcado una línea divisoria entre la colaboración con la justicia y el respeto a la integridad de los espacios de asistencia humanitaria.
El clero enfatizó que no existe una intención de proteger a responsables de actos ilícitos, sino la demanda de que los procedimientos judiciales cumplan con el marco legal vigente. Adicionalmente, la Pastoral Social ha documentado una serie de afectaciones tras el retiro de las fuerzas estatales:
- Alteración del espacio: Se reporta un desorden sistemático en las pertenencias de los migrantes albergados.
- Presunto robo: Existe una denuncia formal por la desaparición de la memoria de un sistema de videocámaras instalado en el lugar.
- Solicitud de investigación: La institución religiosa exige que se esclarezcan las posibles responsabilidades administrativas o penales de los agentes involucrados en estos daños materiales.
