La administración de Alejandro Armenta Mier determinó clasificar como reservada la información sobre el uso de aeronaves oficiales por un periodo de cinco años. El gobierno poblano justifica esta opacidad argumentando que el 90% de las operaciones corresponden a traslados médicos de urgencia y seguridad pública.
Justificación oficial ante el uso discrecional de aeronaves
El gobernador de Puebla respondió a los cuestionamientos surgidos en plataformas digitales tras la difusión de un video donde se le observa a bordo del helicóptero estatal. Aunque la grabación fue vinculada presuntamente con su asistencia al Congreso Nacional de Morena, Armenta sostuvo que el material se registró durante su retorno de una gira en la localidad de Santa Cruz Teotlalco.
Durante su intervención en conferencia de prensa, el mandatario validó el empleo del transporte aéreo bajo criterios de optimización de agenda. «Cuando tengo que viajar de un lugar a otro, y no me da tiempo, pues uso el helicóptero, para eso es», sentenció. No obstante, en la misma declaración evitó desmentir de forma tajante su traslado a la Ciudad de México para fines partidistas utilizando recursos públicos.
Contraste en la narrativa de movilidad gubernamental
Para desmarcarse de las críticas, el ejecutivo estatal recurrió a una comparativa con gestiones previas, asegurando que su uso del equipo no tiene fines recreativos.
- Uso funcional: Afirmó emplear la unidad solo por necesidad logística.
- Alternativas de transporte: Mencionó el uso de bicicleta, caminata, moto e incluso animales de carga en eventos locales para proyectar una imagen de cercanía.
- Diferenciación política: Rechazó las prácticas del «viejo régimen», citando específicamente el uso de helicópteros para actividades como el golf.
Estrategia de blindaje informativo y respuesta técnica
José Luis García Parra, coordinador del gabinete, calificó las críticas como una estrategia de manipulación y desgaste político. El funcionario reiteró que la reserva de datos hasta el año 2031 busca proteger la integridad de los pacientes trasladados en emergencias.
Sin embargo, esta postura fue refutada por el portal especializado Serendipia. El medio aclaró que la solicitud de información no exigía datos sensibles de civiles, sino los registros específicos del gobernador, los cuales pueden ser entregados omitiendo la información confidencial mediante un proceso de testado.
Antecedentes de opacidad en el gasto público
La Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración ha mantenido una política de restricción informativa que impide conocer:
- Costos operativos: Gastos en combustible, mantenimiento y servicios de hangar.
- Logística de viajes: Destinos exactos, motivos de la comisión y viáticos erogados (hospedaje y alimentación).
- Acompañantes: Identidad de las personas que viajan con el mandatario en vuelos oficiales.
Evidencias de actividad aérea y rastreo digital
Investigaciones periodísticas previas contradicen la tesis de un uso exclusivamente médico o de seguridad. Registros de plataformas de rastreo y auditorías externas revelan patrones de vuelo recurrentes en zonas urbanas:
- Agosto de 2025: El helicóptero Agusta A109S (matrícula XC-LMO) realizó 72 traslados, de los cuales al menos 20 tuvieron como destino la zona de estadios o el Centro Integral de Servicios para recolectar al mandatario.
- Septiembre de 2025: Se contabilizaron 101 viajes desde el inicio de la administración sin transparencia en los costos.
- Restricción de datos: Tras la difusión de estas métricas, el gobierno solicitó a la plataforma FlightAware ocultar los recorridos en tiempo real de la aeronave.
Contradicciones en el discurso ambientalista
La controversia se intensificó debido a que el gobernador ofreció entrevistas exclusivas a bordo del helicóptero. Este hecho contrasta con sus recientes exigencias a organizaciones civiles, a quienes demandó demostrar su «huella ambiental» por oponerse a proyectos de infraestructura de transporte por cable. A pesar de las pruebas documentales sobre la reserva de datos, el mandatario concluyó su última intervención asegurando que su administración no oculta información.
