La administración de Javier Milei emprende acciones legales contra empresas extranjeras por explotar hidrocarburos en la cuenca Malvinas Norte sin autorización oficial, en un movimiento que escala el conflicto diplomático con el Reino Unido.
El alcance de la acción judicial contra firmas extranjeras
La ofensiva legal de la Casa Rosada apunta directamente a las estructuras corporativas que operan en los archipiélagos australes bajo venia británica.
La denuncia penal interpuesta por el Gobierno argentino involucra a los siguientes actores corporativos:
- Navitas Petroleum Development & Production Ltd. y Navitas Petroleum Atlantic United: Entidades israelíes señaladas por desarrollar actividades extractivas en la cuenca Malvinas Norte.
- JHI Associates Inc.: Firma con sede en Canadá incluida en el expediente judicial por presuntas operaciones sin aval de Buenos Aires.
- Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.: Accionista vinculado a las operaciones objetadas por el Estado nacional.
- Directivos y administradores: La medida se extiende a gerentes, síndicos, miembros de consejos de vigilancia, mandatarios y representantes que participen en el hecho punible.
Violación al marco legal vigente
Las licencias otorgadas por el Gobierno de Reino Unido vulneran de forma directa el ordenamiento jurídico interno de la República Argentina.
La fundamentación legal de la Casa Rosada se sostiene en la Ley N° 26.659, normativa que regula la prohibición de actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental sin la venia del Estado argentino. El Ejecutivo argumenta que la protección de los recursos naturales y la defensa de la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos e insulares constituyen una política de Estado innegociable frente a terceros que exploten el territorio nacional.
Convergencia de tensiones geopolíticas y presión internacional
El anuncio judicial coincide con movimientos diplomáticos y estratégicos de alto voltaje en el escenario internacional.
El posicionamiento de la administración central se articula mediante una serie de factores geopolíticos recientes:
- Sanciones previas: El decreto impulsado por el presidente Javier Milei para endurecer castigos contra infractores en el archipiélago, que ya derivó en procesos contra 45 empresas e individuos.
- Repercusiones en Israel: Las declaraciones del ministro de Seguridad Interior israelí, Itamar Ben Gvir, quien abogó por reconocer el archipiélago como territorio argentino ocupado, en respuesta al giro diplomático británico respecto a Israel.
- Infraestructura estratégica: La instrucción girada al ministro de Economía, Luis Andrés Caputo, para priorizar en el Presupuesto Nacional 2027 los fondos destinados a la base naval integrada en Tierra del Fuego y sistemas de telecomunicaciones.
