El Archivo General de la Nación se declaró imposibilitado para cumplir la sentencia judicial que ordena crear una comisión especial orientada a recuperar expedientes militares ocultos sobre la represión política entre 1965 y 1990, debido a la carencia de atribuciones y recursos especializados.
El dilema operativo y jurídico del Archivo General de la Nación
El director de Asuntos Jurídicos del Archivo General de la Nación, Marco Palafox Schmid, argumentó que la institución carece de facultades legales y de infraestructura para coordinar investigaciones de procuración de justicia.
- Atribución exclusiva: La dependencia pública está destinada exclusivamente a custodiar, conservar y difundir los documentos que recibe mediante transferencias institucionales.
- Plazo judicial: El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa fijó un límite de 90 días naturales para integrar la comisión, aunque la dependencia federal no ha sido notificada formalmente del fallo.
- Propuesta de relevo: El organismo considera que la Secretaría de Gobernación debe asumir la responsabilidad de presidir y gestionar la comisión por contar con facultades de mediación.
A continuación se presenta la tabla de datos solicitada con un formato claro y organizado:
| Instancia | Posición ante la sentencia | Argumento central |
| Décimo Tribunal Colegiado | Ordena creación de comisión | Recuperar expedientes ocultos del Ejército sobre violaciones de derechos humanos. |
| Archivo General de la Nación | Rechaza cumplimiento | Inexistencia de atribuciones investigativas, talento humano y recursos materiales. |
| Secretaría de Gobernación | Propuesta para liderar | Posee capacidad institucional para presidir y gestionar entre entes públicos. |
La resistencia castrense en el acceso a expedientes históricos
La negativa del Archivo General de la Nación agrava un patrón histórico de opacidad militar que durante años ha bloqueado el rastreo de detenidos desaparecidos.
El mandato presidencial emitido en 2019 ordenó transferir al Archivo General de la Nación todos los acervos sobre violaciones graves a derechos humanos. No obstante, exintegrantes del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico documentaron que entre 2022 y 2023 el Ejército aplicó tácticas dilatorias, entregando carpetas incompletas y negando el acceso a catálogos bajo el argumento de la seguridad nacional.
Las negociaciones se interrumpieron por el desgaste anímico de los investigadores tras enfrentar negativas sistemáticas y obstrucciones en los niveles operativos de los archivos castrenses.
Cadenas de mando y víctimas sin rastro
La desclasificación de los archivos militares representa la única vía para identificar a los mandos responsables de los vuelos de la muerte y las desapariciones forzadas.
Activistas como Alicia de los Ríos, cuyo amparo derivó en la sentencia judicial, sostienen que los documentos resguardados por el Ejército contienen los nombres de los coordinadores de la Brigada Especial y de los perpetradores que operaron en el Campo Militar No. 1 y en instalaciones de Guerrero.
- Sobrevivientes: Existen testimonios sobre personas detenidas en la zona militar 9 de Culiacán y el 27 Batallón en Atoyac de Álvarez cuyo paradero final sigue sin registrarse en los archivos oficiales.
- Antecedentes de desacato: La Comisión de la Verdad documentó previamente que el Ejército entregó únicamente el 30% de la investigación sobre los generales Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro antes de revocar el acceso y desafiar resoluciones de transparencia.
Ante la postura del Archivo General de la Nación, el proceso judicial enfrenta una parálisis que frena la identificación de las estructuras represivas empleadas durante la Guerra Sucia.
