El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada, al determinarse que existió una ocultación deliberada de información crucial sobre los hechos ocurridos en Iguala en septiembre de 2014.
Prisión preventiva en el penal del Altiplano
El juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa tras una audiencia que se prolongó por casi 14 horas.
- Reclusión: El imputado permanecerá interno en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, conocido como «Altiplano».
- Plazos judiciales: El juzgador otorgó un periodo de cuatro meses para la ejecución de la investigación complementaria.
- Estado procesal: La vinculación a proceso marca el inicio formal de la etapa judicial donde se determinará la responsabilidad penal del exmandatario.
La imputación de la Fiscalía General de la República
La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que Aguirre Rivero instruyó la eliminación de registros videográficos de seguridad que documentaban el paradero de los normalistas de Ayotzinapa.
La acusación formal presentada por el Ministerio Público Federal detalla la ejecución de esta maniobra:
- Orden directa: La FGR asegura que el exmandatario giró instrucciones de manera directa, dolosa y deliberada para desaparecer los videos.
- Estructura estatal: La fiscalía señala que en el ocultamiento participaron servidores públicos estatales de primer nivel bajo el mando de Aguirre.
- Cronología delictiva: Los hechos investigados corresponden específicamente a los eventos registrados los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Desestimación de argumentos defensivos
El equipo legal del exgobernador intentó sustentar su inocencia mediante pruebas documentales que buscaban acreditar la ausencia del exfuncionario en Guerrero durante el periodo en que presuntamente se ordenó la destrucción de los videos.
- Fallo judicial: El juez federal calificó los datos de prueba presentados por la defensa como no objetivos ni suficientes para desvirtuar la imputación.
- Probabilidad delictiva: La autoridad judicial confirmó la existencia de indicios razonables sobre la comisión del delito, permitiendo que el proceso continúe bajo las actuales medidas restrictivas.
- Derecho de réplica: La resolución permite que, durante las etapas posteriores del procedimiento, la defensa presente nuevos elementos probatorios destinados a controvertir las acusaciones formuladas por la FGR.
