El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, articula una agenda legislativa con la sociedad civil, autoridades educativas y organismos internacionales para modificar el marco de combate a la corrupción y la impunidad en México.
Transformación estructural del Sistema Nacional Anticorrupción
El Sistema Nacional Anticorrupción enfrenta un proceso de reingeniería para operar bajo metas, planes y objetivos anuales medibles, superando la inoperancia institucional previa.
La propuesta legislativa establece que la arquitectura del sistema concentre la coordinación de diversas instancias clave bajo la titularidad de la presidencia de la República, replicando el modelo de seguridad pública. Las instituciones integradas son:
- Unidad de Inteligencia Financiera: Encargada del rastreo de flujos de dinero y operaciones sospechosas.
- Servicio de Administración Tributaria: Participa en la fiscalización fiscal y tributaria.
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público: Aporta capacidad de supervisión económica.
- Auditoría Superior de la Federación: Fiscaliza el uso de recursos públicos.
- Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno: Coordina las directrices administrativas del ejecutivo.
La denuncia ciudadana constituirá el eje central de esta estructura, acompañada por salvaguardas legales para quienes expongan prácticas ilícitas, además de mejores mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Supresión de la inmunidad procesal para políticos
La eliminación del fuero para legisladores y gobernadores se plantea como un requisito indispensable para que cualquier mecanismo anticorrupción alcance a los servidores públicos.
Ante la falta de acuerdos legislativos, la alternativa propuesta contempla la inclusión de una pregunta específica sobre la supresión del fuero durante la consulta de revocación de mandato presidencial. Esta medida busca disolver las protecciones legales que evitan que actores políticos enfrenten a la justicia por irregularidades.
- Rubén Rocha Moya: Gobernador con licencia de Sinaloa señalado por Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.
- Enrique Inzunza: Senador por Sinaloa que abandonó la bancada de Morena pero conservó el escaño para mantener la inmunidad procesal.
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó previamente esta iniciativa en su propuesta de reforma electoral, la cual fue retirada tras negociaciones parlamentarias. Ramírez Cuéllar atribuye este freno a la resistencia de una coalición política transversal orientada a preservar privilegios y complicidades.
Autonomía y reestructuración de las Fiscalías especializadas
El paquete legislativo contempla una reforma a la ley orgánica de las fiscalías para erradicar las deficiencias operativas detectadas a nivel federal y estatal.
La estrategia de persecución penal incluye modificaciones específicas para optimizar el aparato de procuración de justicia:
- Fiscalía Anticorrupción: Permanecerá adscrita a la Fiscalía General de la República, dotada de autonomía técnica, operativa, de gestión y suficiencia presupuestaria.
- Fiscalía Especializada en Delitos contra los Hidrocarburos: Se dedicará exclusivamente a investigar ilícitos en esta materia y sus delitos conexos, fiscales, aduaneros y de delincuencia organizada, sin modificar tipos penales ni incrementar penalidades.
Pacto nacional contra la extorsión y la corrupción
El paquete de reformas será presentado formalmente durante el Encuentro Nacional de la Reforma contra la Corrupción y la Impunidad, programado para la primera semana de octubre.
En dicho espacio se promoverá un pacto nacional para articular a los tres niveles de gobierno, fiscalías, sector privado, comunidades, academia, organizaciones sociales y ciudadanía, integrando inteligencia financiera para desmantelar redes de empresas fachada y rastreo de cuentas bancarias.
