Redacción/CARIBE PENINSULAR
ESTADOS UNIDOS.- La acusación contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, podría ser solo el inicio de una serie de procesos contra políticos mexicanos investigados por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, de acuerdo con análisis en materia de seguridad.
“Los norteamericanos tienen una lista muy larga… Sinaloa apenas es el principio”, afirmó el especialista David Saucedo, al advertir que podrían existir al menos 10 funcionarios de alto nivel bajo investigación con posibles solicitudes de extradición.
El señalamiento surge tras la acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios, a quienes se les atribuyen delitos relacionados con narcotráfico y armas, así como presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
En este contexto, autoridades estadounidenses solicitaron a México la detención provisional con fines de extradición de los implicados, lo que abre un escenario inédito en la relación bilateral en materia de justicia y cooperación contra el crimen organizado.
De acuerdo con las investigaciones, los funcionarios habrían facilitado operaciones delictivas a cambio de protección política y recursos económicos, en un esquema que incluiría tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Sin embargo, el Gobierno de México ha señalado que, hasta ahora, no existen pruebas suficientes para proceder con detenciones o extradiciones, por lo que ha solicitado información adicional a las autoridades estadounidenses antes de tomar una decisión.
El caso de Rocha Moya marca un precedente, al tratarse de uno de los perfiles políticos de más alto nivel señalados por la justicia estadounidense, lo que podría abrir la puerta a nuevas investigaciones contra otros actores del sistema político mexicano.
Este escenario ha generado tensiones diplomáticas y un debate interno sobre soberanía, debido proceso y el alcance de la cooperación internacional en materia de seguridad y combate al narcotráfico.
