El Partido Acción Nacional (PAN) ratificó su denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador, acusando una supuesta entrega del territorio al crimen organizado. La acción legal provocó una confrontación directa entre la dirigencia blanquiazul y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El choque discursivo tras la denuncia internacional
La presentación formal del expediente ante el tribunal de La Haya generó una reacción inmediata desde la tribuna presidencial de la «Mañanera del Pueblo». Al ser cuestionada sobre el proceder de la oposición, la mandataria emitió declaraciones que detonaron una respuesta enérgica por parte de la dirigencia nacional panista, encabezada por Jorge Romero Herrera.
El líder del partido opositor defendió la legitimidad del recurso jurídico, argumentando que la iniciativa busca llevar justicia a miles de víctimas y deudos afectados por la violencia institucionalizada en el territorio mexicano durante el sexenio anterior.
La dirigencia blanquiazul argumentó que el recurso ante la CPI responde a la falta de condiciones institucionales dentro del sistema judicial mexicano para procesar este tipo de señalamientos. Según la postura del partido, la preocupación del Ejecutivo federal radica en que los organismos internacionales operan fuera del ámbito de control del partido oficialista Morena.
Durante el intercambio de declaraciones, el dirigente opositor exigió una aclaración pública respecto a las expresiones de la presidenta Sheinbaum, quien sugirió de forma irónica que los militantes del PAN deberían dedicarse a rezar en lugar de promover el litigio internacional.
Nexos políticos y el expediente de la narcopolítica
El fundamento central de la denuncia penal se sostiene sobre la premisa de que la estrategia de seguridad del gobierno lopezobradorista, resumida en la directriz de «abrazos, no balazos», derivó en una permisividad que facilitó la infiltración del crimen organizado en los diferentes niveles de la estructura política del país.
El expediente técnico entregado a la CPI detalla una supuesta colusión generalizada con facciones criminales y fue estructurado bajo la colaboración de perfiles jurídicos y políticos específicos de la bancada panista:
- Germán Martínez Cázares: Coautor del expediente técnico y partícipe activo en la delimitación de las pruebas presentadas ante el tribunal internacional.
- Roberto Gil Zuarth: Consultor y estratega legal encargado de la fundamentación del recurso por delitos de lesa humanidad.
- Jorge Romero Herrera: Presidente nacional del partido y principal vocero de la estrategia judicial en el extranjero.
El documento señala de manera directa a gobernadores en funciones emanados del partido oficialista, argumentando que las investigaciones en curso revelarán vínculos sistemáticos entre mandatarios estatales y organizaciones del hampa. Entre los nombres propios incluidos en el expediente destacan el sinaloense Rubén Rocha Moya, el michoacano Alfredo Ramírez Bedolla, el sonorense Alfonso Durazo y el tamaulipeco Américo Villarreal.
La dirigencia del PAN advirtió que estos casos representan únicamente la primera etapa de una serie de señalamientos que involucrarán a más cuadros de la llamada Cuarta Transformación, consolidando la narrativa de la «narcopolítica» como el eje conductor de su agenda de fiscalización internacional.
