Redacción/CARIBE PENINSUKAR
CHETUMAL.- Un proyecto de sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propone declarar inconstitucional la prórroga que permitió a Heyden Cebada Rivas mantenerse como magistrado y presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) de Quintana Roo, al considerar que debió someterse a la elección judicial de 2025.
El proyecto, elaborado por la ministra María Estela Ríos González, plantea invalidar el párrafo cuarto del artículo Tercero Transitorio de la reforma constitucional estatal en materia judicial, publicada el 13 de enero de 2025. La propuesta sostiene que esa disposición permitió extender de manera indebida el nombramiento de magistrados que debían participar en el proceso de renovación mediante voto popular.
De ser aprobado por el pleno de la SCJN, Heyden Cebada Rivas perdería tanto la magistratura como la presidencia del TSJE, mientras que Ana Mercedes Castillo Carvajal, quien también fue beneficiada con la prórroga, dejaría igualmente el cargo.
La ministra argumenta que la ampliación de ambos nombramientos evade el proceso de democratización del Poder Judicial y contradice la reforma constitucional federal, la cual establece que todos los cargos judiciales no renovados en la elección de 2025 deberán someterse, sin excepción, a la elección judicial de 2028.
El proyecto también dejaría sin efectos el beneficio que otorgaba a ambos magistrados el derecho a recibir el haber de retiro al concluir el periodo prorrogado hasta 2033.
En caso de avalarse la sentencia, las dos magistraturas quedarían vacantes y deberán renovarse mediante la elección judicial prevista para 2028, ya que la Constitución federal no permite una nueva prórroga de los nombramientos.
Heyden Cebada Rivas fue designado magistrado el 29 de noviembre de 2021, por un periodo que originalmente concluía el 28 de noviembre de 2027. Por su parte, Ana Mercedes Castillo Carvajal fue nombrada el 6 de abril de 2022 y su encargo terminaba el 5 de abril de 2028.
El proyecto también establece que el Congreso del Estado de Quintana Roo deberá adecuar la legislación local para eliminar las disposiciones declaradas inconstitucionales y, mientras ello ocurre, el Poder Judicial del Estado deberá aplicar directamente lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
