El gobernador Alejandro Armenta Mier propuso añadir una quinta línea al Cablebús Puebla hacia La Resurrección, incrementando el presupuesto total de 6,752 a más de 8,350 millones de pesos, pese a carecer de permisos técnicos y enfrentar doce protestas ciudadanas.
La expansión del teleférico poblano ocurre en medio de cuestionamientos sobre la viabilidad financiera y la planeación urbana de la administración estatal. Mientras el trazo original contemplaba cuatro segmentos entre el estadio Cuauhtémoc y Angelópolis, esta nueva derivación partiría desde el Cerro de Amalucan sin contar todavía con suficiencia presupuestaria ni autorizaciones ambientales o técnicas vigentes.
Impacto financiero y falta de sustento técnico en la ampliación
La incorporación del quinto tramo exige un gasto adicional superior a 1,600 millones de pesos, disparando el costo global por encima de los 8,350 millones.
Colectivos opositores denunciaron durante la doceava marcha ciudadana contra el proyecto que el gobierno de Alejandro Armenta Mier reporta un ejercicio presupuestal cercano a los 3,000 millones de pesos. Esta erogación financiera contrasta con el avance físico de la obra en campo, el cual todavía no alcanza siquiera el tres por ciento de ejecución material.
En términos de gestión de infraestructura pública, comprometer recursos multimillonarios sin estudios de factibilidad técnica ni transparencia documental expone a las finanzas estatales a sobrecostos estructurales. Organizaciones civiles advierten que la ausencia de proyectos ejecutivos validados convierte la ampliación del sistema de transporte por cable en una decisión discrecional carente de rigor ingenieril.
Errores cartográficos en la presentación oficial
Las agrupaciones Savia Urbana y Raíces Poblanas Defensoras del Territorio evidenciaron que el mapa oficial confundió a la junta auxiliar de Santa María Xonacatepec con La Resurrección.
Durante el acto público donde habitantes de La Resurrección expusieron sus carencias cotidianas de movilidad hacia distintos puntos de Puebla capital, el mandatario estatal exhibió una cartografía errónea. Los activistas señalaron que superponer ubicaciones geográficas distintas demuestra improvisación operativa y desconocimiento territorial profundo sobre las demarcaciones que el gobierno pretende intervenir.
Cobertura social real y sospechas de turistificación en Puebla
Datos periodísticos demuestran que las nueve estaciones proyectadas del Cablebús Puebla atienden a 43,038 habitantes, pero ninguna vive en colonias de alta o muy alta marginación.
Una investigación publicada el martes por el medio especializado Serendipia analizó el radio de influencia de 500 metros alrededor de las paradas oficiales del sistema. Los resultados geoespaciales refutan el discurso gubernamental de alto impacto social, evidenciando que el corredor aéreo excluye directamente a los polígonos urbanos con mayores índices de pobreza en la capital poblana.
Aunque Alejandro Armenta Mier sostuvo que la quinta línea beneficiaría a las comunidades indígenas de origen náhuatl ubicadas en La Resurrección, San Miguel Canoa y Sebastián de Aparicio, anunció que la obra se someterá primero a una asamblea comunitaria. Sin embargo, los defensores del territorio cuestionan la legitimidad de una consulta posterior a la presentación pública del trazado.
Conexión estratégica con el Ecoparque Tlalli Malinche
Activistas denuncian que el quinto tramo busca articular un circuito turístico hacia el Ecoparque Tlalli Malinche, detonando procesos de gentrificación y especulación inmobiliaria.
Savia Urbana y Raíces Poblanas Defensoras del Territorio sostienen que el verdadero motor detrás de la ampliación hacia las faldas de la montaña es enlazar el teleférico con el megaproyecto recreativo estatal. Esta integración de infraestructura orientaría el transporte masivo hacia la captación de visitantes externos en lugar de resolver los traslados laborales de la población local.
La introducción de megaproyectos turísticos en territorios indígenas periurbanos suele alterar el valor del suelo y presionar los bienes comunales. En consecuencia, las organizaciones advierten que esta configuración territorial amenaza con desplazar a los pobladores originarios mediante el encarecimiento de servicios y la mercantilización del entorno ecológico de la región.









