La administración municipal de Houston restringió la colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, permitiendo el contacto con agentes federales únicamente ante delitos que conlleven encarcelamiento, tras el reciente giro político en Texas.
Un quiebre institucional impulsado por el nuevo escenario político en Texas
La victoria demócrata en Texas fractura la colaboración incondicional con el gobierno federal y redefine los protocolos de seguridad en la cuarta ciudad más poblada del país.
El alcalde de Houston, John Whitmire, ratificó una orden ejecutiva de dos páginas que condiciona de manera estricta la interacción entre el Departamento de Policía de Houston y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Esta medida constituye un efecto directo de la recuperación del poder político por parte de los demócratas en Texas durante las elecciones de mitad de mandato del martes.
El cambio político en el estado incluye la victoria de la demócrata Gina Hinojosa sobre el gobernador republicano Greg Abbott, transformándola en la primera gobernadora latina de Texas y en la primera integrante de su partido en ocupar el cargo en más de tres décadas. Ante este nuevo equilibrio de fuerzas, Whitmire declaró que las elecciones determinan giros operativos concretos en la gestión pública local.
La normativa establece que la policía municipal solo podrá contactar al ICE bajo dos circunstancias específicas:
- Cargos con encarcelamiento: Si la persona detenida es arrestada por un delito sujeto a prisión.
- Órdenes administrativas: Si existe una orden formal firmada por un alto funcionario del ICE que indique que el individuo es requerido por las autoridades migratorias.
La directiva prohíbe explícitamente que la mera sospecha de infracción a las leyes migratorias constituya un motivo para contactar al ICE, prolongar detenciones o mantener a personas bajo custodia municipal. Whitmire enfatizó que la corporación policial priorizará a los transgresores que representen un peligro y excluirá a quienes desarrollen actividades familiares, laborales o educativas. En incidentes menores de tránsito, los agentes aplicarán multas o advertencias y permitirán que los ciudadanos continúen su trayecto.
Antecedentes de tensión operativa y violencia institucional
Las protestas sociales y las disputas legales entre el municipio y el gobierno estatal precedieron a la nueva directiva de contención migratoria.
La implementación de la orden se produce tras un periodo de alta confrontación social en Houston, exacerbado por operativos del gobierno del presidente Donald Trump. Las protestas se intensificaron durante el verano tras dos hechos de violencia letal:
- El asesinato a tiros de un constructor de viviendas mexicano a manos de un agente federal de inmigración.
- El atropellamiento de un civil por parte de un vehículo operado por personal del ICE.
La semana pasada, un jurado investigador imputó al agente del ICE Mario Alberto Morales por el cargo de agresión agravada con un arma mortal. Los fiscales sostienen que Morales embistió intencionalmente a Miguel Parra Hernández, provocándole la fractura de una pierna. Aunque el ICE argumentó que la víctima corrió frente al vehículo, los fiscales afirmaron que un registro en video contradice dicha versión.
A pesar de contar con una inyección presupuestal federal de 75 mil millones de dólares, el ICE mantiene una fuerte dependencia de las policías locales para localizar y deportar personas. Esta vinculación opera mediante unos 2.600 acuerdos en el país —con una presencia significativa en Texas— que facultan a policías locales como agentes migratorios.
La disputa entre el gobierno estatal y la administración de Houston escaló previamente en abril. En esa ocasión, el gobernador Greg Abbott amenazó con retirar casi 200 millones de dólares en subvenciones de seguridad pública a Austin, Dallas y Houston, luego de que funcionarios municipales intentaran limitar la cooperación policial con el ICE.
Paralelamente, el fiscal general estatal, Ken Paxton, interpuso una demanda contra la ciudad por infringir una ley estatal de 2017 que prohíbe políticas locales restrictivas frente a la aplicación de normativas migratorias. Esto obligó a la municipalidad a modificar una ordenanza previa que eliminaba el requisito de esperar 30 minutos a que agentes del ICE recogieran a detenidos con órdenes administrativas no judiciales.
Impacto social y alivio en las comunidades vulnerables
Las organizaciones de derechos civiles califican la nueva directiva como un alivio ante el temor generalizado que paralizaba la vida cotidiana de los migrantes en Houston.
Cesar Espinosa, director ejecutivo de FIEL —un grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes en Houston que colaboró con la familia de Miguel Parra Hernández—, calificó el anuncio como un suspiro de alivio para las comunidades afectadas.
Antes de la firma de la orden, la operativa conjunta entre el Departamento de Policía de Houston y el ICE operaba como una red de colaboración total que generaba parálisis en los sectores migrantes. El temor a ser remitidos al ICE durante una infracción menor de tráfico o al solicitar auxilio policial ante un delito inhibía a los residentes de realizar actividades básicas como acudir a centros de abastecimiento.
Hasta el cierre de esta edición, los portavoces oficiales del ICE no emitieron respuestas a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico respecto a la nueva directiva implementada por el alcalde Whitmire.
