Pescadores y comunidades mayo-yoreme litigan ante la CIDH contra la instalación de una planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente en la bahía de Ohuira, Sinaloa, mientras enfrentan asedio institucional, hostigamiento y un conflicto socioambiental de 13 años.
El campamento de resistencia frente al complejo petroquímico
Cientos de ciudadanos agrupados en el colectivo ¡Aquí No! mantienen un plantón permanente desde mayo de 2025 en la carretera Los Mochis-Topolobampo, soportando temperaturas extremas de 49 grados y presiones de corporaciones y fuerzas de seguridad.
Tras cumplirse más de cinco meses de movilización intensiva, iniciada el 30 de mayo de 2025 ante la llegada de un equipo con dimensiones similares a un «reactor nuclear», las comunidades del norte de Sinaloa sostienen una oposición frontal contra el proyecto de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO). La iniciativa industrial, filial del conglomerado suizo Proman y receptora de financiamiento del banco alemán KfW IPEX, pretende fabricar dos mil 200 toneladas diarias de amoniaco.
Claudia Susana Quintero Sandoval, identificada como vocera indígena y apodada «La Comandanta», junto con Melina Maldonado Sandoval, detallan que el plantón instalado 24 horas al día ha resistido dos ciclones y múltiples remolinos locales. La defensa del territorio abarca la preservación de la vida espiritual, la cosmogonía y la viabilidad económica de las comunidades de Topolobampo, Los Mochis y los alrededores de la bahía de Ohuira.
El movimiento reporta un esquema sistemático de hostigamiento. Las fuentes acusan que personal vinculado a la empresa Pro Casa dinamita de manera constante el cerro próximo al campamento, generando explosiones y riesgos directos. A lo anterior se suma la vigilancia constante mediante el sobrevuelo de drones de procedencia no esclarecida durante las reuniones informativas, así como tomas fotográficas sistemáticas ejecutadas por elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la policía municipal.
La formalización del caso ante la Comisión Interamericana
Pescadores de la bahía de Ohuira, respaldados por el CEMDA y Greenpeace, formalizaron una petición ante la CIDH en septiembre de 2025, señalando violaciones graves a múltiples instrumentos internacionales de derechos humanos y ambientales.
Ante la inviabilidad de instalar un complejo industrial en una zona catalogada internacionalmente como sitio Ramsar 2025 debido a su valor ambiental y refugio de especies marinas de donde dependen tres mil pescadores, el colectivo escaló el conflicto al ámbito internacional. La petición presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documenta los agravios sufridos por los pueblos originarios desde el inicio del proyecto en 2013 y los amparos promovidos en 2022 contra la aprobación del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) por parte de la DGIRA-Semarnat.
El expediente jurídico argumenta la vulneración de los artículos 1, 2, 13, 21, 25 y 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). Asimismo, los peticionarios denuncian violaciones al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al «Protocolo de San Salvador» en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como «Acuerdo de Escazú».
Entre las transgresiones específicas destacan la omisión del consentimiento libre, previo e informado, la vulneración del derecho a la protección judicial, la negativa a un medio ambiente sano y la transgresión al derecho de acceso a la justicia y la información ambiental.
Vacíos normativos, negativas hídricas y el pulso con el Ejecutivo federal
El Organismo de Cuenca Pacífico Norte de la Conagua declaró improcedente una concesión de descarga para GPO, mientras la Red Ciudadana Anticorrupción de Sinaloa denuncia opacidad administrativa y el gobierno federal ratifica su respaldo al polo industrial.
Un documento oficial emitido por el Organismo de Cuenca Pacífico Norte de la Conagua el 26 de noviembre de 2024 determinó «no procedente» otorgar a GPO un título de concesión para la descarga de aguas residuales provenientes de sus sistemas de enfriamiento, desmineralización y desalación. La resolución técnica precisaba un volumen de descarga proyectado de 26 mil 400 metros cúbicos diarios —equivalente a nueve millones 636 mil metros cúbicos anuales— con la bahía de Ohuira como cuerpo receptor.
Paralelamente, el 27 de octubre de 2025, la Red Ciudadana Anticorrupción de Sinaloa (Redca) emitió un pronunciamiento alertando sobre la persistencia de opacidad administrativa. La organización señaló la falta de conclusiones en carpetas de investigación abiertas entre 2018 y 2029 por presuntas operaciones fraudulentas sobre terrenos nacionales en manglares y la zona federal marítimo terrestre de la bahía.
La Redca también documentó la ausencia de respuesta a una denuncia popular interpuesta en 2023 ante la Profepa por la ocupación de terrenos federales sin concesión, aunada a la suspensión de inspecciones derivada de un amparo promovido por GPO donde no se incluyó a las comunidades indígenas. El escenario se agrava ante la inexistencia del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) del municipio de Ahome, lo que genera un vacío normativo que facilita la imposición de proyectos productivos bajo incertidumbre ecológica.
En contraparte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó el 16 de octubre durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados la continuidad de los trabajos en el polo de desarrollo de Topolobampo. El funcionario federal argumentó que las inversiones apuntan a incrementar la capacidad nacional de producción de fertilizantes, desatendiendo los reclamos locales. Por su parte, la vocera Claudia Quintero sentenció que el diálogo con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum es inexistente ante la convicción gubernamental de ejecutar el proyecto petroquímico.
