La iniciativa de Ley de Rentas impulsada por la jefa de gobierno capitalina, Clara Brugada, carece de viabilidad debido a imprecisiones técnicas, redacción confusa y vacíos que desprotegen a los inquilinos, según advirtió el Frente Anti Gentrificación CDMX.
La propuesta legislativa de la administración capitalina presenta contradicciones estructurales y omisiones en materia presupuestaria que vulneran a los arrendatarios frente al sector inmobiliario.
Contradicciones técnicas y desprotección al arrendatario
El proyecto gubernamental elimina garantías históricas para los inquilinos y abre portillos legales para alzas desproporcionadas en los alquileres.
El Frente Anti Gentrificación CDMX reconoció aspectos operativos positivos dentro de la propuesta, tales como el registro digital de contratos, la acotación de requisitos para los arrendadores y la integración de sanciones específicas. No obstante, el colectivo advirtió que la arquitectura normativa contiene fallas críticas que anulan dichos beneficios.
Entre las principales vulnerabilidades se encuentra la eliminación proyectada del artículo 2448 del Código Civil de la Ciudad de México. Dicha disposición jurídica fungía como salvaguarda al garantizar el derecho del inquilino a permanecer hasta un año adicional en el inmueble tras el vencimiento formal del contrato. Desde la óptica del activismo social, la supresión de este artículo representa un retroceso en los derechos de vivienda.
Adicionalmente, el análisis apunta hacia el artículo 17 del proyecto. Este apartado faculta a los propietarios para incrementar el costo del alquiler por encima del índice inflacionario, bajo la condición de comprobar la ejecución de «mejoras sustantivas» en el inmueble.
- Vacío legal en mejoras: Las reparaciones y el mantenimiento constituyen una obligación legal intrínseca del propietario, por lo que utilizar dichas acciones como justificación para rebasar los topes de inflación otorga discrecionalidad a los arrendadores.
- Falta de definición: La iniciativa omite precisar con exactitud jurídica qué elementos integran una «mejora sustantiva», generando un portillo para el incremento desregulado de las rentas.
Omisión ante plataformas de corta estancia y simulaciones institucionales
La legislación evade la regulación de aplicaciones digitales de hospedaje y carece de sustento financiero para sus mecanismos de supervisión.
La estructura de la Ley de Rentas omite el control sobre plataformas tecnológicas de hospedaje temporal, tales como Airbnb o Booking. Según el Frente Anti Gentrificación, los anfitriones de estos servicios han evadido los padrones gubernamentales mediante recursos de amparo, propiciando que los propietarios migren del modelo habitacional tradicional al esquema de corta estancia.
Esta situación incentiva la mercantilización de la vivienda. Ante la ausencia de un marco restrictivo para estas aplicaciones digitales, el mercado inmobiliario profundiza la presión sobre el parque habitacional disponible en la capital del país.
Respecto a los mecanismos de contención institucional, el colectivo evaluó con reserva la creación del Gabinete de Desalojos y la Defensoría de las Relaciones Inquilinarias. Ambas figuras enfrentan incertidumbre operativa ante la falta de asignación presupuestaria clara.
- Gabinete de Desalojos: El organismo carece de viabilidad operativa si no cuenta con recursos para fiscalizar desalojos ilegales, los cuales ocurren habitualmente en horarios nocturnos y madrugadas, marginando las horas operativas oficiales.
- Tiempos de respuesta: La elaboración de la ley acumuló un retraso superior a un año desde la publicación del Bando 1 en julio de 2025, lapso en el cual la administración aplicó una estrategia de dilatación y simulación con las organizaciones sociales.
Instrumentalización política de la lucha social
Morena promueve la campaña #NadieSinTecho mientras el movimiento social denuncia represión y apropiación partidista de sus demandas territoriales.
El dirigente de Morena en la Ciudad de México, Paulo García, desplegó la campaña denominada #NadieSinTecho con el propósito de recabar firmas de respaldo ciudadano en favor de la Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles.
Ante este proselitismo, el Frente Anti Gentrificación emitió una condena formal por la instrumentalización política de sus demandas. El colectivo ratificó su naturaleza apartidista y acusó al partido en el poder de apropiarse de una lucha territorial genuina.
- Represión institucional: Integrantes del movimiento sufrieron agresiones físicas, robos y golpes durante movilizaciones previas —particularmente durante eventos internacionales como el Mundial—, atribuibles tanto a fuerzas de seguridad como a organizaciones clientelares vinculadas a Morena.
- Ausencia de participación: La conformación del marco legal se ejecutó de forma vertical, marginando a la ciudadanía y a los colectivos de afectados, lo que propició las contradicciones técnicas presentes en el texto legislativo.
