Redacción/CARIBE PENINSULAR
TULUM.- El Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) inició un procedimiento administrativo contra Fredy Renán Gamboa Acosta, integrante del Sindicato de Taxistas Tiburones del Caribe y titular de la concesión número 805, por su presunta participación en una agresión contra otro taxista que prestaba servicio mediante una plataforma digital en Tulum.
El organismo estatal informó que buscará aplicar las máximas sanciones previstas en la ley, incluida la revocación definitiva de la concesión y la cancelación de su licencia como operador, aunque ambas medidas estarán sujetas al procedimiento administrativo y al respeto del debido proceso.
La decisión se produjo después de que José Ramírez, taxista de 52 años y también socio concesionario del sindicato, denunciara haber sido agredido física y verbalmente por presuntos integrantes del gremio cuando realizaba un traslado contratado mediante una aplicación digital.
El incidente quedó registrado en un video difundido públicamente, en el que se observa a varios hombres vestidos con camisas blancas rodeando una unidad e intentando abrir una de sus puertas, mientras el conductor permanece en el interior.
Las imágenes muestran momentos de tensión, aunque no permiten establecer por sí solas todas las circunstancias de la agresión denunciada.
“Yo ya no estoy para estarme golpeando en la calle, tengo 52 años. Yo entré con pasaje y salí con el mismo pasaje y su acompañante. Eso fue lo que originó el problema”, relató Ramírez.
El conductor señaló directamente a Freddy Gamboa entre los presuntos involucrados y aseguró que, después del incidente, comenzó a temer por su seguridad y la de sus familiares.
También afirmó que, pese a haber informado de lo sucedido a representantes sindicales, ninguno se había comunicado con él para conocer su versión de los hechos.
Por su parte, el Imoveqroo informó que la decisión de iniciar el procedimiento administrativo ya fue comunicada a la dirigencia del Sindicato Tiburones del Caribe, la cual expresó su respaldo a las acciones de la autoridad estatal.
El Instituto sostuvo que prestar un servicio de transporte público implica una responsabilidad con la ciudadanía y advirtió que las agresiones y los actos de intimidación son incompatibles con esa actividad.
El caso ocurre en medio de las diferencias surgidas dentro del gremio taxista de Tulum por la incorporación de plataformas digitales de transporte, utilizadas por algunos concesionarios como una alternativa para conseguir pasajeros.
Esta modalidad ha generado confrontaciones entre operadores que respaldan el uso de aplicaciones y quienes se oponen a ellas, en un destino donde las tarifas del transporte público y la competencia por los usuarios han sido motivo recurrente de inconformidad entre habitantes y turistas.
Tras la agresión denunciada, conductores que trabajan mediante plataformas digitales solicitaron la intervención de las autoridades estatales y municipales para evitar nuevos enfrentamientos.
