La administración de Javier Milei incorporó mediante la Resolución Conjunta 5/2026 al Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana al registro de terrorismo, profundizando la estrategia de seguridad regional alineada con Washington.
Resolución conjunta y ampliación del registro antiterrorista
La Resolución Conjunta 5/2026, suscrita por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y el canciller Pablo Quirno, formalizó la incorporación de cinco organizaciones criminales latinoamericanas al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
El gobierno de Javier Milei oficializó este jueves 22 de octubre de 2026 la inclusión de estructuras del narcotráfico internacional en los mecanismos de persecución financiera destinados históricamente al terrorismo. La disposición alcanza de forma directa a dos de los principales cárteles mexicanos:
- Cártel de Sinaloa: Incorporado a la categoría de amenaza externa para la seguridad nacional argentina.
- La Nueva Familia Michoacana: Sometida al mismo régimen de bloqueo financiero y restricciones internacionales.
La medida gubernamental también contempla a otras tres organizaciones armadas de la región, consolidando un bloque de cinco entidades criminales bajo la nueva doctrina jurídica de Buenos Aires.
| Organización criminal | País de origen | Marco normativo de inclusión |
| Cártel de Sinaloa | México | Resolución Conjunta 5/2026 (RePET — Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo) |
| La Nueva Familia Michoacana | México | Resolución Conjunta 5/2026 (RePET) |
| Ejército de Liberación Nacional (ELN) | Colombia | Resolución Conjunta 5/2026 (RePET) |
| FARC-EP (Disidencias) | Colombia | Resolución Conjunta 5/2026 (RePET) |
| Los Tiguerones | Ecuador | Resolución Conjunta 5/2026 (RePET) |
Sustento de inteligencia y ausencia de fallos judiciales
Las autoridades argentinas fundamentaron la catalogación en informes de inteligencia reservados, sin documentar operaciones físicas directas de dichos cárteles en su territorio ni contar con fallos judiciales que acrediten atentados.
La decisión ejecutiva prescinde de un proceso judicial previo en tribunales argentinos que demuestre la participación activa de estas estructuras criminales en actos terroristas dentro del Cono Sur. El argumento oficial descansa exclusivamente en la evaluación de riesgos elaborada por agencias de seguridad e inteligencia, las cuales determinaron que la capacidad operativa y la expansión transfronteriza de estas redes representan una amenaza potencial y real para la estabilidad del Estado argentino.
Esta clasificación replica parcialmente el modelo aplicado por Estados Unidos, aunque con divergencias significativas en el alcance de la lista. Mientras Washington designó en febrero de 2025 a seis grupos mexicanos bajo la etiqueta de organizaciones terroristas extranjeras —incluyendo al Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y Cárteles Unidos—, la administración de Buenos Aires limitó su resolución actual a dos de ellos, omitiendo por el momento al resto de las facciones mexicanas sancionadas por la administración de Donald Trump.
Convergencia geopolítica y financiamiento de la DEA en Argentina
La ofensiva regulatoria contra el narcotráfico coincide con la instalación en octubre de una unidad regional de la INL y una partida superior a 13 millones de dólares operada en coordinación con la DEA.
El endurecimiento del marco legal argentino ocurre en paralelo a un incremento drástico de la cooperación bilateral en materia de seguridad con Estados Unidos. A principios de octubre de 2026, las autoridades estadounidenses anunciaron la creación de una célula operativa de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) en territorio argentino.
- Financiamiento específico: Se destinaron 7.5 millones de dólares para proyectos exclusivos de contención del narcotráfico dentro de Argentina.
- Iniciativas regionales: Se asignaron 5.85 millones de dólares adicionales para blindar las fronteras y coordinar operaciones transnacionales.
- Liderazgo institucional: La presentación formal de la unidad estuvo encabezada por la ministra Alejandra Monteoliva y Terry Cole, director de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
Esta secuencia de decisiones institucionales sella una alianza operativa en la que Buenos Aires asume los instrumentos jurídicos impulsados desde Washington para estrangular las finanzas del narcotráfico transnacional, equiparando formalmente el crimen organizado con la subversión terrorista global.
