Agentes de inteligencia estadunidense operaron sin autorización durante medio año en una fiscalía estatal, lo que derivó en la primera acusación por traición a la patria desde 1945 contra un funcionario local.
El saldo mortal del laboratorio clandestino en la sierra de El Pinal
Un operativo antidrogas clandestino en Chihuahua culminó con el accidente fatal de una camioneta que transportaba a dos ciudadanos estadunidenses vinculados a la CIA y a mandos de la Agencia Estatal de Investigación.
Entre el 17 y el 19 de abril de este año, las fuerzas estatales ejecutaron una intervención en un complejo de producción ilícita. El inventario oficial registró más de 55 mil litros de sustancias líquidas, aproximadamente 50 toneladas de sólidos y cerca de 2 mil litros de metanfetamina.
Al retornar de la diligencia, una unidad vehicular precipitó hacia un abismo y detonó. En el siniestro perecieron cuatro individuos:
- Pedro Román Oseguera Cervantes: Director de la Agencia Estatal de Investigación.
- Manuel Genaro Méndez Montes: Escolta y piloto adscrito a la corporación.
- Dos ciudadanos extranjeros: Exmilitares con historial operativo en Afganistán y presuntos nexos con la Agencia Central de Inteligencia.
Seis meses de injerencia sin registro federal en instalaciones mexicanas
La fiscalía estatal albergó a agentes extranjeros no autorizados que impartieron adiestramiento durante medio año sin notificar a la Federación.
Registros internos revelan que los elementos foráneos ingresaron al estado desde octubre de 2025. Asistían a los inmuebles de la Agencia Estatal de Investigación de forma irregular, careciendo de justificación legal documentada y enfocando sus actividades en la instrucción táctica.
El gobierno federal conoció de esta presencia extranjera exclusivamente a raíz del siniestro vial en el barranco. La Fiscalía General de la República (FGR), bajo la dirección de Ernestina Godoy, tipificó la actuación como un quebranto al pacto federal y a la división de poderes. Se imputa al entonces fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, haber omitido informar a la Federación, tolerar la intromisión sin facultades legales y reportar los hechos tardíamente, sin carpeta de investigación previa ni observancia de la cadena de custodia.
El uso del artículo 123 del Código Penal Federal para asegurar prisión preventiva
Ante la negativa de un juez local para mantener tras las rejas al exfuncionario por delitos comunes, la FGR activó el tipo penal de traición a la patria para garantizar el encierro automático.
Un juez de control del fuero común había determinado que Jáuregui enfrentaría el proceso bajo medidas cautelares en libertad por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Al salir de dicha audiencia, elementos federales ejecutaron la orden de aprehensión por traición a la patria.
- Delito imputado: Traición a la patria (Artículo 123 del Código Penal Federal).
- Rango de penalidad: De cinco a cuarenta años de prisión.
- Medida cautelar: Prisión preventiva oficiosa ineludible por mandato constitucional.
En su defensa jurídica, el imputado rechazó haber emitido instrucciones irregulares, argumentando ausencia de ordenamientos escritos o digitales, y respaldándose en más de 40 testimonios, registros telefónicos y geolocalización. Paralelamente, la fiscalía local mantiene causas penales propias contra el exservidor público.
Ochenta y un años de inactividad judicial en el delito de mayor solemnidad
México reactiva una figura penal en desuso procesal desde mediados del siglo XX, aplicándola a un operador estatal y no a las potencias extranjeras que operan en territorio nacional.
La historia judicial mexicana registra la última condena por traición a la patria en 1867, cuando Miguel Miramón y Tomás Mejía fueron fusilados tras respaldar la intervención francesa. En 1945, tres legisladores vinculados al caso Bracero enfrentaron cargos similares antes de obtener un amparo. Posteriores menciones históricas o políticas a esta figura —desde Antonio López de Santa Anna hasta casos contemporáneos— no fructificaron en procesos penales firmes.
La actual acusación contrasta con carpetas de investigación donde la misma institución ministerial ha evitado indagar a círculos presidenciales o redes financieras internacionales con montos millonarios en el extranjero. Mientras Washington anuncia operaciones directas en suelo mexicano bajo el argumento de que el Estado es incapaz de contener a los cárteles, la respuesta jurídica del aparato federal se ha concentrado en sancionar al funcionario que abrió la puerta a los agentes extranjeros, dejando sin jurisdicción punitiva a quienes ingresaron sin autorización.
