La administración federal instrumenta una estrategia interinstitucional con 16 dependencias para fiscalizar la cadena de hidrocarburos, tras detectar un desbalance fiscal de 61,000 millones de pesos en 2025 y recortar la intermediación comercial.
Radiografía del desbalance fiscal y operativo en la cadena de suministro
El análisis de facturas y registros de 2025 reveló un déficit de 8,824 millones de litros de combustible, equivalente a 61,700 millones de pesos, con el sector de comercialización como el principal foco de irregularidades.
El Ejecutivo federal expuso los resultados de la estrategia interinstitucional destinada a frenar el comercio ilícito de hidrocarburos. La operación conjunta articula información fiscal, aduanera, regulatoria y operativa proveniente de 16 dependencias del Estado.
La administración federal cifró en 61,000 millones de pesos los recursos no captados durante 2025 por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a los energéticos. En contraste, las acciones de fiscalización ejecutadas entre enero y septiembre de 2026 permitieron una recuperación de 48,411 millones de pesos por dicho gravamen.
| Indicador Financiero y Operativo | Periodo | Monto / Volumen | Dependencia / Sector |
| Omisión de IEPS | 2025 | $61,000 millones de pesos | Sistema tributario nacional |
| Recuperación fiscal | Enero-septiembre 2026 | $48,411 millones de pesos | Estrategia de fiscalización / SAT |
| Desbalance volumétrico | 2025 | 8,824 millones de litros | Facturación de hidrocarburos / SENER |
| Pérdida económica por desbalance | 2025 | $61,700 millones de pesos | Comercialización y expendios |
| Inconsistencias en comercialización | 2025 | 72% del total nacional | Segmento de intermediarios |
| Inconsistencias en expendios | 2025 | 13% del total nacional | Estaciones de servicio |
La titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González, detalló que el 72% de las anomalías volumétricas se concentró en la red de comercializadores. El 13% restante recayó en los expendios o estaciones de servicio, mientras que el porcentaje restante se dispersó entre otros eslabones logísticos.
El fenómeno irregular se origina en las divergencias detectadas entre los volúmenes adquiridos, enajenados y facturados por las empresas permisionarias. Esta distorsión operativa facilita la comercialización de productos sin la trazabilidad ni el origen fiscal declarado.
Cerco legal y tecnológico contra la intermediación sin infraestructura
El Gobierno federal evalúa modificaciones legales para acotar la operación de intermediarios y conectar de forma directa a importadores con transportistas, respaldados por un centro de monitoreo tecnológico.
Ante la concentración de anomalías en el sector de comercializadores —actores que operan compras y ventas sin poseer necesariamente infraestructura física de almacenamiento o transporte—, el Ejecutivo analiza cambios al marco normativo vigente.
La propuesta contempla disminuir la participación de estos intermediarios. El diseño normativo habilitaría a los importadores para comercializar de manera directa con las empresas transportistas y otros permisionarios de la cadena logística.
Para respaldar el control operativo, la Secretaría de Energía opera un centro de análisis y monitoreo que unifica registros federales. La infraestructura tecnológica incorpora sistemas de posicionamiento global (GPS) en las unidades de traslado y homologa bases de datos aduaneras con autoridades de Estados Unidos. Esta sincronización transfronteriza contrasta los volúmenes de salida en el país vecino con los registros de ingreso al territorio nacional.
Sanciones administrativas, cancelaciones de permisos y acciones penales
Las dependencias federales ejecutaron miles de multas, la baja de registros en el SAT y la presentación de más de 11,000 denuncias penales por contrabando, defraudación y robo de combustibles.
La ejecución de la estrategia interinstitucional derivó en sanciones administrativas y medidas punitivas de carácter judicial. El subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Vidal Amaro, confirmó la aplicación de 500 multas por declaraciones erróneas y la apertura de procedimientos contra ocho agentes aduanales.
En el ámbito regulatorio y fiscal, la actuación de las dependencias muestra un despliegue operativo severo:
- Comisión Nacional de Energía: Monitoreo mediante códigos QR y GPS de 61,557 unidades de transporte. Cancelación de 264 permisos de expendio y comercialización, con 307 expedientes adicionales en proceso de sanción o revocación.
- Servicio de Administración Tributaria (SAT): Cancelación del registro de 2,224 empresas por operar sin permisos. Aplicación de 6,483 multas a 2,032 estaciones de servicio por incumplir controles volumétricos. Baja de 180 empresas del padrón de importadores por contrabando y clasificación de 175 entidades como factureras.
- Procuraduría Fiscal de la Federación: Presentación de 127 casos penales por defraudación fiscal.
- SAT (Ámbito Penal): Consolidación de 152 denuncias por contrabando y alteración de controles volumétricos.
- Comisión Nacional de Energía (Ámbito Penal): Presentación de 50 denuncias por irregularidades volumétricas en estaciones de servicio.
- Petróleos Mexicanos (Pemex): Emisión de 10,674 denuncias vinculadas al robo de combustible.
- Agencia Nacional de Aduanas de México: Presentación de 11 casos por contrabando y falsedad en declaraciones de importación.
