Agencias
CANCÚN.- Ulises Fernando, de 30 años y quien se desempeñaba como fiscal del Ministerio Público en la Fiscalía General del Estado (FGE), fue detenido por su probable participación en el delito de trata de personas, en las modalidades de prostitución ajena y explotación sexual, en agravio de dos mujeres.
El fiscal general de Quintana Roo, Raciel López Salazar, informó que elementos de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión contra el servidor público, a quien señaló de aprovechar su cargo dentro de la institución para cometer estos delitos.
De acuerdo con las investigaciones, el pasado 12 de octubre se realizaron dos cateos en inmuebles de Benito Juárez, uno en un departamento de la Supermanzana 23 y otro en la Supermanzana 520. Las diligencias se llevaron a cabo en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina.
Durante los operativos fueron rescatadas dos mujeres, de 18 y 25 años, identificadas como víctimas de trata de personas. En los inmuebles también se encontraron objetos relacionados con los hechos investigados, por lo que ambos lugares quedaron asegurados por la Fiscalía.
Según las indagatorias, Ulises Fernando presuntamente ofrecía a las mujeres en plataformas digitales, entre ellas Mil Eróticos y Tres de Tres, así como en 11 grupos de WhatsApp donde se compartían fotografías para promover encuentros sexuales.
El funcionario habría obligado a las víctimas a prostituirse y les imponía multas, bajo el argumento de que cubría la renta de los inmuebles donde se prestaban los servicios sexuales.
Además, presuntamente se quedaba con el 50 por ciento de las ganancias y les indicaba cómo realizar depósitos en tiendas de autoservicio para evitar ser detectados.
López Salazar señaló que el detenido ya se encuentra a disposición de un juez de control, ante quien deberá responder por los delitos que se le atribuyen.
El caso se suma a las acciones de depuración interna que la Fiscalía ha emprendido durante la actual gestión. El titular de la institución informó que, como parte del saneamiento del personal, han dado de baja a 657 trabajadores y cambiado de adscripción a otros mil 512, de acuerdo con sus perfiles.
El fiscal sostuvo que estas medidas buscan retirar de la institución a los malos elementos y reubicar al personal conforme a sus capacidades, aunque la detención de un servidor público señalado por presuntamente utilizar su cargo para cometer delitos vuelve a poner bajo la lupa los controles internos de la dependencia.
SIM
