Carlos “N” y David “N”, conocidos como “Los Cuates”, enfrentan vinculación a proceso y prisión preventiva justificada por homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado, tras una agresión con armas blancas perpetrada en la Secundaria General número 13 de Torreón.
Coahuila formaliza causa penal contra los exalumnos
Un juez de control dictó prisión preventiva justificada para Carlos “N” y David “N” tras una audiencia de tres horas celebrada el domingo 4 de octubre de 2026.
El avance judicial en Coahuila quedó registrado bajo la causa penal 1632/2026, informada por el magistrado presidente del Poder Judicial estatal, Miguel Felipe Mery Ayup. Los imputados, identificados como hermanos de 18 años y exalumnos del plantel educativo ubicado en el ejido La Unión, comparecieron ante la autoridad tras el ataque registrado el jueves 1 de octubre de 2026.
La agresión dentro de las instalaciones escolares dejó un saldo crítico que movilizó a los cuerpos de seguridad y al sistema de procuración de justicia de la entidad.
- Sede judicial: Juzgado de control en el estado de Coahuila.
- Fecha de audiencia: Domingo 4 de octubre de 2026, iniciada a las 12:00 horas.
- Medida cautelar: Prisión preventiva justificada en el Centro de Reinserción Social varonil de Torreón.
Imputación por homicidio calificado y agravantes
La Fiscalía imputó a los hermanos los delitos de homicidio calificado con agravantes de ventaja, alevosía, brutal ferocidad y saña.
La carpeta de investigación detalla que el objetivo mortal del ataque en la secundaria fue la subdirector del plantel, cuya muerte derivó en la tipificación de homicidio calificado. Asimismo, el Ministerio Público integró cargos por tentativa de homicidio calificado en agravio de cuatro sobrevivientes: dos adultos y dos menores de edad.
Todas las acusaciones incorporan las calificativas de ley debido a las condiciones de indefensión de las víctimas al momento de recibir las agresiones con armas blancas por parte de los dos jóvenes.
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Plazos legales y posible condena de hasta 60 años
La autoridad judicial fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, con vencimiento el 4 de abril de 2027.
Durante la audiencia inicial, que se prolongó por poco más de tres horas, el juez consideró suficientes los datos de prueba presentados para emitir la vinculación a proceso bajo el marco del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicha resolución no constituye una sentencia condenatoria, sino el inicio formal de la etapa donde la defensa y el Ministerio Público recabarán mayores elementos.
El magistrado presidente Mery Ayup puntualizó que, al enfrentar el proceso como mayores de edad y de comprobarse su responsabilidad penal, los hermanos podrían alcanzar una pena de hasta 60 años de prisión.
