La presentación de 20 nuevos compromisos en materia de desaparición por parte del Gobierno capitalino fracturó la postura de los colectivos de búsqueda, quienes debaten entre el reconocimiento de avances institucionales y el rechazo a una agenda que consideran desvinculada de sus demandas reales.
Radiografía de los 20 nuevos acuerdos gubernamentales
El Gobierno de la Ciudad de México presentó a puerta cerrada una nueva serie de directrices operativas enfocadas en fortalecer las capacidades de búsqueda e investigación en la capital del país.
- Agentes ministeriales: Incorporación proyectada de 100 agentes de la Policía de Investigación específicos para casos de desaparición.
- Ministerios públicos: Adscripción de 50 nuevos funcionarios ministeriales para agilizar las carpetas de investigación.
- Personal operativo: Integración de 87 nuevos buscadores para reforzar las labores en campo.
- Infraestructura forense: Supervisión de las obras en el Centro de Resguardo Temporal y Tratamiento Forense de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas ubicado en Iztapalapa.
- Balance oficial: Declaratoria de un avance global de 83% en los 30 compromisos previos asumidos el 28 de abril de 2025 bajo la estrategia quinquenal.
Postura crítica y exigencias de los colectivos disidentes
Integrantes de múltiples organizaciones manifestaron su rechazo a los acuerdos al denunciar simulación institucional y exclusión en la conformación de la nueva estrategia gubernamental.
- Falta de representatividad: Representantes de Hasta Encontrarles CDMX, Luciérnagas Buscadoras, Corazones en Búsqueda, Mariposas Buscando Corazones, Justicia Nacional y familias independientes señalaron que las voces de las víctimas no fueron tomadas en cuenta para construir los acuerdos.
- Metodología de diálogo: Cuestionaron que las mesas de trabajo de agosto se convocaron con margen mínimo y la sesión final se impuso como un formato resolutivo sin derecho a réplica ni propuestas adicionales.
- Incumplimiento previo: Demandaron la conclusión de proyectos arrastrados desde 2025, entre ellos la habilitación total del centro de resguardo temporal, la activación de protocolos de notificación y la presentación de una estrategia preventiva.
- Opacidad en métricas: Exigieron la revelación de indicadores de impacto, responsables nominales, calendarios de cumplimiento y asignación presupuestal específica para cada medida.
- Fallas estructurales: Documentaron retrasos superiores a seis meses en mesas de seguimiento, ministerios públicos sin conocimiento de los expedientes, carencia de recursos para insumos básicos como impresión de fichas y omisión de puntos de interés aportados por las familias.
- Macro criminalidad: Colectivos como Ehécatl advirtieron la ausencia de diagnósticos de fondo contra la impunidad y la macro criminalidad que operan detrás de las desapariciones.
Respaldo condicionado desde el colectivo Una Luz en el Camino
En contraparte, sectores agrupados bajo el liderazgo de organizaciones específicas manifestaron su apoyo a los nuevos acuerdos, destacando la apertura al diálogo institucional.
- Validación de mesas: Jacqueline Palmeros, fundadora de Una Luz en el Camino, atribuyó los 20 nuevos acuerdos a la intervención directa de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
- Coordinación interinstitucional: Celebró la participación conjunta del Poder Judicial, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Comisión de Búsqueda, la Fiscalía General de Justicia y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
- Matiz y exigencia: A pesar del espaldarazo a la estrategia, el colectivo reconoció que los 50 compromisos acumulados no resuelven el rezago histórico en casos de larga data y exigió fiscalización estricta para evitar que las acciones queden en palabras vacías.
