La remoción del funcionario federal responde a irregularidades temporales y administrativas detectadas en la intervención que aseguró 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó la destitución de Juan Francisco Vera Ayala como titular de la delegación de la Fiscalía General de la República en Guanajuato. La medida institucional se deriva de discrepancias críticas en la ejecución del operativo de aseguramiento de hidrocarburo y el desfase temporal en la comunicación oficial del caso.
Anomalías temporales en la intervención oficial
La remoción del funcionario federal se fundamenta en un decalaje temporal de dos semanas entre la ejecución material del operativo y su revelación pública.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ratificó este viernes la salida del delegado tras identificar fallas procesales graves. Las anomalías documentadas en la intervención comprenden:
- Desfase informativo: El operativo en San José Iturbide se ejecutó aproximadamente dos semanas antes de que las autoridades emitieran el comunicado oficial sobre el decomiso.
- Ausencia de aprehensiones: La operación de alto impacto concluyó sin personas detenidas en el sitio de almacenamiento.
- Turno a la FEMDO: La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada asumió el control absoluto de las indagatorias.
La controversia jurídica sobre el origen del hidrocarburo
El volumen asegurado enfrenta una disputa legal sobre la licitud de su procedencia mientras la fiscalía especializada revisa la documentación corporativa.
El volumen retenido asciende a 59 millones de litros, catalogado inicialmente como el mayor decomiso de combustible en la historia reciente del país. Sin embargo, la ruta legal del caso presenta las siguientes vertientes:
- Postura corporativa: Grupo SIMSA argumentó que la terminal opera con permisos vigentes y que el combustible pertenece a clientes que cuentan con la documentación para acreditar su legalidad.
- Revisión presidencial: La administración federal confirmó que la institución ministerial mantenía la revisión de los permisos corporativos sin emitir un dictamen definitivo sobre el presunto origen ilícito.
- Competencia actual: La FEMDO encabeza la revisión de las empresas, los permisos vigentes y los rastros documentales del almacenamiento.
