Redacción/CARIBE PENINSULAR
CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Gobierno de México mantendrá el diálogo con la empresa estadounidense Vulcan Materials Company, pese al fallo emitido por un tribunal arbitral internacional, y sostuvo que la compañía deberá resarcir el daño ambiental ocasionado por la explotación de piedra caliza en Playa del Carmen.
Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que la resolución del tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) no modifica las negociaciones que sostiene el Gobierno federal con la empresa y recordó que ambas partes aún cuentan con un periodo de aproximadamente 30 días para analizar la posibilidad de promover recursos de nulidad, debido a la confidencialidad que rige la resolución.
«Ellos tienen que resarcir el daño ambiental. Tienen que hacer su proceso de remediación aun cuando esté clausurada la mina«, declaró la Presidenta, al señalar que Vulcan todavía mantiene material extraído en el sitio y que las conversaciones buscan establecer la forma en que cumplirá con esas obligaciones ambientales.
Sheinbaum destacó que el laudo arbitral representa un resultado favorable para México, ya que el tribunal desestimó prácticamente todas las reclamaciones de la empresa y únicamente reconoció una relacionada con la clausura de un predio de Calica en enero de 2018, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, lo que representa menos del uno por ciento del monto originalmente reclamado por la compañía.
La empresa estadounidense había iniciado el arbitraje bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al reclamar que diversas decisiones de autoridades mexicanas entre 2018 y 2022 afectaron sus operaciones de extracción de piedra caliza en Quintana Roo. Originalmente exigía una indemnización cercana a mil 700 millones de dólares, pero el tribunal únicamente fijó una compensación muy inferior a esa cantidad.
La Presidenta también aclaró que el litigio no modifica la situación jurídica de los terrenos ni del puerto de Punta Venado. Explicó que la empresa conserva la propiedad de los predios, aunque éstos forman parte del Área Natural Protegida Felipe Carrillo Puerto, mientras que la concesión portuaria permanece vigente.
Añadió que el Gobierno federal analiza las acciones legales que aún puede ejercer dentro del procedimiento arbitral, sin descartar la posibilidad de solicitar la nulidad parcial de la resolución, al tiempo que reiteró que México mantendrá una política de respeto a la inversión extranjera, siempre que ésta cumpla con la legislación ambiental y las normas nacionales.
