Redacción
CIUDAD DE MÉXICO.- La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) advirtió que continuará persiguiendo a narcotraficantes y funcionarios corruptos vinculados con organizaciones criminales, luego de que el cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael «El Mayo» Zambada, fuera condenado a cadena perpetua en una corte federal de Estados Unidos.
El director de la DEA, Terrance «Terry» Cole, afirmó que la sentencia contra Zambada envía un mensaje a los grupos del crimen organizado y aseguró que las investigaciones no terminarán con este caso.
«Ya sean narcotraficantes, líderes terroristas extranjeros o funcionarios corruptos que faciliten sus actividades, iremos tras ustedes», declaró el funcionario al término de la audiencia celebrada en Brooklyn, Nueva York.
Cole sostuvo que la condena demuestra que la justicia estadounidense «no tiene fecha de caducidad» y reiteró que la DEA mantendrá su estrategia para desmantelar a las organizaciones criminales y a quienes las apoyen desde el servicio público. Añadió que el fallo contra «El Mayo» representa apenas el inicio de una ofensiva más amplia contra los cárteles.
Las declaraciones fueron emitidas después de que un juez federal de Brooklyn sentenciara a cadena perpetua a Zambada, de 76 años, quien en 2025 se declaró culpable de cargos relacionados con narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de dinero y otros delitos cometidos durante décadas al frente del Cártel de Sinaloa. Como parte del acuerdo judicial, también aceptó el decomiso de 15 mil millones de dólares.
Durante la audiencia, el histórico líder del Cártel de Sinaloa ofreció una disculpa por el daño causado por sus actividades criminales y exhortó a las nuevas generaciones a no seguir el camino del narcotráfico. La sentencia evitó que enfrentara un juicio que podría haber derivado en la pena de muerte.
Las declaraciones del director de la DEA se producen en un contexto de tensión entre México y Estados Unidos por las acusaciones de autoridades estadounidenses sobre presuntos vínculos de funcionarios mexicanos con organizaciones del narcotráfico, señalamientos que el Gobierno de México ha rechazado por considerar que carecen de pruebas
