La aprehensión del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, ha detonado una confrontación política. Felipe Calderón Hinojosa cuestiona la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR), calificándola como un ejercicio de justicia selectiva ante la ausencia de investigaciones contra funcionarios de Morena.
La lectura del expresidente sobre la detención
La postura del exmandatario cuestiona la imparcialidad del Ministerio Público al comparar el procedimiento actual con prácticas discrecionales de regímenes históricos.
Felipe Calderón Hinojosa sostiene que el caso contra Ruffo Appel expone una vulnerabilidad institucional. Mediante su cuenta de X, el expresidente argumentó que:
- Justicia discriminatoria: Denunció que el aparato judicial opera bajo una lógica de justicia selectiva.
- Contraste gubernamental: Comparó la situación actual con la máxima porfirista de aplicar la ley exclusivamente a los adversarios políticos mientras se protege a los aliados.
- Omisiones detectadas: Afirmó la existencia de expedientes pendientes sobre funcionarios de Morena vinculados a narcotráfico y alianzas criminales que permanecen sin seguimiento.
Nexos y contexto de la investigación judicial
El proceso legal contra el primer gobernador de oposición en la historia de México se deriva de una investigación iniciada durante el año 2025.
La Fiscalía General de la República vincula a Ernesto Ruffo Appel con delitos de delincuencia organizada y actividades ilícitas relacionadas con hidrocarburos. Los detalles operativos incluyen:
- Detención conjunta: El exgobernador fue aprehendido junto a Ricardo Thompson Navarro, accionista de la empresa Ingemar, S.A. de C.V.
- Origen del expediente: La causa penal se desprende de un decomiso efectuado en Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila, donde se aseguraron 15 millones de litros de hidrocarburo.
- Cronología: Las pesquisas se han desarrollado desde 2025 hasta la reciente ejecución de la orden en Ensenada, Baja California.
Reacciones del espectro político nacional
La detención ha fracturado el discurso público, movilizando a las dirigencias partidistas hacia posturas de confrontación directa.
La cúpula del Partido Acción Nacional (PAN), representada por Jorge Romero Herrera, ha manifestado su rechazo a las acciones de la Fiscalía. En contraparte, Morena ha desestimado las acusaciones de persecución política, emitiendo cifras para respaldar la legitimidad de las instituciones:
- Argumento de Morena: El partido oficial señala una presunta «doble moral» en las críticas de la oposición ante el actuar judicial.
- Cifras de la FGR: Según datos citados por el oficialismo, entre diciembre de 2025 y julio de 2026, la Fiscalía ha procesado a 407 personas implicadas en redes de contrabando de combustible.
