La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) reporta un retraso crítico en la identificación de casi 1,600 restos humanos localizados en Tláhuac y Chalco, estimando un periodo adicional de siete meses para concluir los análisis periciales ante la carencia de personal especializado.
Diagnóstico inconcluso sobre hallazgos forenses
La dependencia, encabezada por Bertha Alcalde, mantiene bajo reserva la identidad de los restos recuperados, confirmando únicamente de manera preliminar la presencia de un hombre, una mujer y dos menores de edad en el conjunto de indicios recolectados entre el 7 y el 17 de abril de 2026.
Las familias buscadoras, quienes activaron estas labores tras el caso de Brandon Guillermo y Luis Daniel Nicolás Ramírez, denuncian que la Fiscalía carece de la capacidad operativa técnica para procesar el volumen de materiales. La falta de antropólogos, odontólogos y genetistas suficientes se traduce en un cuello de botella institucional que posterga la justicia y la certeza para los familiares.
Deficiencias técnicas y cuestionamientos al peritaje
La calidad de los procesos forenses de la Fiscalía enfrenta críticas severas tras la confirmación de irregularidades en el tratamiento de los indicios encontrados en campo.
- Errores de clasificación: Personal pericial llegó a identificar fragmentos de cerámica como restos óseos, lo que ha dinamitado la confianza de las familias en el rigor científico de la institución.
- Ausencia de contexto: A pesar de las exigencias, la Fiscalía no ha presentado un análisis de contexto sobre las desapariciones en la zona, incumpliendo el protocolo básico de investigación criminal.
- Falta de integridad: Durante la última reunión con los colectivos, se omitió información referente a muestras de agua y tierra que formaban parte de la cadena de custodia de la investigación.
Expansión del mapa de desapariciones en la periferia
La geografía de la violencia en la capital mexicana ha superado los puntos tradicionalmente identificados, desplazándose hacia un territorio más extenso.
La crisis de desapariciones ya no se limita al Ajusco en Tlalpan; los buscadores señalan que la periferia completa —incluyendo Magdalena Contreras, los Dinamos, Cerro de Guerrero, Cuajimalpa, la Marquesa, Tláhuac, Chalco, Milpa Alta y Xochimilco— constituye una zona de alto riesgo. Gerardo Miguel Ramírez Rivera, buscador en la Sierra de Guadalupe, subraya que la estrategia actual es insuficiente, al omitir la búsqueda urbana y la inteligencia necesaria para detectar predios privados donde podrían ocultarse víctimas de trata o reclutamiento forzado.
Disputa política por la narrativa de seguridad
El hallazgo en los humedales de Tláhuac ocurrió mientras persistía un quiebre diplomático respecto a las cifras de desaparición en el país. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU clasificó el fenómeno en México como posibles crímenes de lesa humanidad, postura rechazada frontalmente por el gobierno de Claudia Sheinbaum y replicada por la jefatura de gobierno de Clara Brugada.
Mientras las instituciones desestiman el alcance internacional del problema, las familias continúan exponiendo en campo una realidad que la administración local ha intentado minimizar o reinterpretar, incluso intentando clasificar hallazgos de restos humanos como vestigios prehispánicos, teoría que la Fiscalía no ha podido sustentar bajo ninguna prueba científica.
