La administración de la gobernadora Margarita González Saravia destinó 950 mil pesos en barricadas para el 8 de marzo, una cifra equivalente al 85% de los recursos anuales destinados a insumos médicos para la detección y atención de cáncer de mama y cérvico uterino en la entidad.
El costo de la contención frente a la crisis de salud
El despliegue de seguridad perimetral durante la movilización feminista absorbió una partida presupuestal que las organizaciones civiles consideran crítica para el sector salud.
- Inversión en seguridad: La Secretaría de Administración y Finanzas autorizó 950 mil pesos bajo el contrato DAS/24/2026 para el «servicio de protección y seguridad perimetral táctica».
- Contraste presupuestal: Según datos de Servicios de Salud de Morelos correspondientes a 2025, el presupuesto total para medicamentos, reactivos, materiales médicos y suministros de laboratorio fue de un millón 129 mil 974 pesos.
- Proporción de gasto: El desembolso en estructuras metálicas representa el 84.15% de la inversión total realizada en insumos de salud esenciales para la población femenina.
Vulnerabilidad estructural y falta de recursos
Morelos sostiene una Alerta de Violencia de Género desde 2015, lo que obliga al Estado a priorizar programas de prevención, justicia y atención en lugar de medidas de blindaje físico.
A pesar de la declaratoria, la entidad mantiene tasas de feminicidio que la posicionan recurrentemente en los niveles más altos a nivel nacional, superando en incidencia relativa a estados con mayor densidad demográfica. Organizaciones como Género 33 advierten que la falta de inversión en los Centros de Justicia para las Mujeres y los Centros LIBRE agudiza la desprotección de las víctimas.
Opacidad en la operación de los centros de atención
La gestión de los centros de atención a mujeres, conocidos como Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación), carece de registros públicos que clarifiquen su operatividad.
- Ausencia de transparencia: En la Plataforma Nacional de Transparencia no existen registros sobre el presupuesto operativo, salarios, ni condiciones laborales del personal que brinda acompañamiento psicológico y jurídico.
- Contratación limitada: La única referencia identificable es el contrato DAS-74/2025, que destinó 181 mil 598 pesos a materiales de difusión, señalética y unidades móviles, sin precisar la capacidad operativa real de estos centros.
- Costo de oportunidad: El gasto realizado en las barricadas del 8M equivale, de forma directa, a la compra de aproximadamente 240 módulos portátiles de atención o a la rotulación de 23 unidades móviles.
Irregularidades en la adjudicación de barricadas
El proceso de contratación para el blindaje del Palacio de Gobierno muestra deficiencias técnicas y administrativas.
El contrato fue adjudicado de forma directa a la empresa Casati Producciones, SA de CV, formalizado el 19 de marzo de 2026, once días después de haber realizado el servicio de instalación de 270 barricadas antimotines. La documentación oficial carece de estudios de riesgo, comparativos de precios o criterios de evaluación que justifiquen el monto erogado, según lo reportado por el Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas.
