La Fiscalía General de Justicia del Estado de México capturó a más de 30 personas, entre servidores públicos y particulares, por operar una red de «aviadores» que desvió 96 millones de pesos desde enero de 2025, mediante la asignación fraudulenta de plazas docentes y cobros quincenales de 4 millones de pesos.
El quiebre del sistema administrativo y el fraude al erario
El esquema delictivo operó al menos desde 2021, integrando plazas de docentes con salarios de 50 mil pesos mensuales destinadas a individuos sin funciones reales, configurando delitos de abuso de autoridad y fraude.
La estructura operaba mediante una sofisticada red de colusión que aprovechaba vulnerabilidades técnicas en los sistemas de gestión gubernamental. Los implicados, que mantenían un nivel de vida suntuoso incompatible con sus ingresos oficiales, realizaban viajes internacionales y adquirían bienes de alta gama mientras el daño patrimonial escalaba. La Fiscalía documentó:
- Sustracción sistemática: 4 millones de pesos quincenales en concepto de sueldos, aguinaldos, primas vacacionales y bonos.
- Impacto financiero: Un acumulado de 96 millones de pesos en apenas 14 meses de operación detectada.
- Salvaguardas inexistentes: Las altas se efectuaban en la madrugada y se rotaban las cuentas de registro para evadir controles internos de la Secretaría de Educación (SECTI) y la Oficialía Mayor (OM).
Modus operandi y la red de complicidades
La red utilizaba el Sistema Integral para la Gestión Administrativa de Personal y la plataforma META 4 para registrar «falsos docentes» en centros de trabajo inactivos de municipios como Toluca, Ecatepec y Naucalpan.
El esquema no solo facilitaba el cobro de salarios, sino que los propios implicados se autoproveían de plazas con efectos jubilatorios como medida de protección ante posibles despidos de sus cargos de confianza. Los reclutadores capturaban a amigos y familiares, reteniendo sus tarjetas de nómina y dispersando el capital de forma jerárquica. Los «titulares» de las plazas recibían una contraprestación mínima —aproximadamente 6 mil pesos por cada 200 mil desviados—, mientras los mandos medios y superiores de la OM y la SECTI concentraban la mayor parte del recurso.
Perfiles, mandos y la estructura de control
Entre los detenidos figuran exsubsecretarios, directores generales y delegados administrativos de las secretarías de Finanzas, Educación y Seguridad, evidenciando una infiltración transversal en la administración mexiquense.
La jerarquía operativa se basaba en la confianza y el intercambio de claves de acceso al sistema SIGAP. Los puestos clave estaban ocupados por exfuncionarios que conocían las debilidades del software de nómina. La cronología de las detenciones incluye:
- Exfuncionarios clave: Óscar “N” (exsubsecretario de Administración en Finanzas), Sergio Andrés “N” (exsubsecretario en Educación) y mandos de Seguridad pública.
- Operadores técnicos: Nueve servidores públicos activos en la Oficialía Mayor y once en la SECTI, incluyendo capturistas responsables de más de 70 movimientos irregulares cada uno.
- Situación legal: 28 individuos ya han sido vinculados a proceso y 27 permanecen en prisión preventiva justificada en el centro penitenciario de Santiaguito.
El Ministerio Público sostiene que existe un concurso real homogéneo de delitos. Dado que cada alta irregular constituye un acto independiente, las penas acumuladas podrían oscilar entre 10 y 26 años de prisión por cada evento delictivo documentado. La investigación continúa abierta, incluyendo el caso de un exservidor público hallado sin vida tras ser vinculado a este esquema.
