Alejandro Peza/CARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- Un intenso intercambio de argumentos jurídicos se registró durante la más reciente sesión del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo (Tjaqroo), luego de que la magistrada presidenta, Maribel Moreno Cruz, sostuviera un criterio relacionado con la entrada en vigor de disposiciones legales que fue cuestionado por las magistradas Claudia Carrillo y Nayeli Solís, quienes señalaron que su interpretación contraviene principios constitucionales.
Durante la discusión de un expediente promovido por un particular en contra del Servicio de Administración Tributaria (SAT), las magistradas expusieron que la presidenta del Tribunal sostuvo que una ley, acuerdo o disposición normativa produce efectos jurídicos desde el momento de su firma, postura que fue refutada por sus compañeras al señalar que, conforme al marco constitucional mexicano, las normas adquieren vigencia a partir de su publicación oficial y no desde su suscripción.
En el debate, las magistradas recordaron que el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que ninguna ley puede aplicarse de manera retroactiva en perjuicio de persona alguna, por lo que los efectos jurídicos de cualquier disposición publicada únicamente pueden surtir efectos hacia el futuro.
Las magistradas argumentaron que aceptar una interpretación distinta implicaría vulnerar el principio de seguridad jurídica y abrir la posibilidad de afectar derechos adquiridos mediante la aplicación anticipada de normas que aún no habían entrado formalmente en vigor.
Durante la sesión también se evidenció un ambiente de tensión, ya que, de acuerdo con lo expuesto por las magistradas, la presidenta Maribel Moreno Cruz mostró una actitud de intolerancia frente a los razonamientos jurídicos planteados por sus colegas, quienes insistieron en sustentar sus intervenciones con base en disposiciones constitucionales y criterios legales vigentes.
Otro de los temas abordados fue la operación del sistema de juicio en línea del Tribunal de Justicia Administrativa.
Durante la discusión se señaló que dicho mecanismo aún presenta deficiencias técnicas que impiden su funcionamiento pleno, pese a que el plazo establecido para su implementación concluyó en octubre de 2025.
Las magistradas recordaron que la reforma aprobada por la Legislatura del Estado en 2024 fijó como fecha límite octubre de 2025 para que el sistema digital estuviera completamente habilitado, con el propósito de modernizar la impartición de justicia administrativa y permitir la tramitación electrónica de los procedimientos.
Sin embargo, durante la sesión se expuso que el sistema aún carece de diversos elementos técnicos indispensables para garantizar su adecuada operación, situación que, señalaron, genera incertidumbre tanto para litigantes como para los ciudadanos que buscan acceder a la justicia administrativa mediante herramientas digitales.
El intercambio de posturas dejó en evidencia diferencias de criterio al interior del Pleno del Tribunal respecto a la interpretación de la legislación vigente y al avance en la implementación de las reformas tecnológicas aprobadas por el Congreso del Estado, en un asunto que involucra derechos procesales de un ciudadano frente al SAT y que abrió un debate sobre la correcta aplicación de los principios constitucionales en la actuación del órgano jurisdiccional.
