Redacción/CARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- Autoridades de España detuvieron en Madrid a Luis Jorge “N”, un presunto defraudador buscado por la justicia de Quintana Roo, acusado de causar un daño patrimonial superior a los nueve millones de pesos mediante préstamos obtenidos con engaños y falsas garantías.
El fiscal general del estado, Raciel López Salazar, informó que la captura fue posible gracias a la coordinación entre la Fiscalía General del Estado, la Interpol México de la Fiscalía General de la República e Interpol España, en cumplimiento de una ficha roja y una alerta migratoria emitidas a solicitud de las autoridades quintanarroenses.
De acuerdo con las investigaciones, el imputado es señalado por hechos ocurridos desde octubre de 2025 en Benito Juárez, donde presuntamente se presentaba como empresario e inversionista exitoso para ganarse la confianza de sus víctimas.
Las indagatorias establecen que proyectaba una imagen de solvencia económica mediante el uso de vehículos de lujo, ropa de marcas exclusivas y supuestos negocios altamente rentables, con lo que convencía a particulares de otorgarle préstamos económicos.
Como garantía, entregaba documentación relacionada con automóviles de alta gama que en realidad pertenecían a una empresa arrendadora y sobre los cuales no tenía facultades legales para disponer.
Una vez obtenidos los recursos, solicitaba nuevos préstamos por cantidades millonarias, comprometiéndose a devolver el dinero en plazos breves y con intereses; sin embargo, al vencerse los acuerdos incumplía los pagos y dejaba de responder a los afectados.
La Fiscalía señaló que, tras las denuncias y los actos de investigación, se acreditó un daño patrimonial que supera los nueve millones de pesos.
Ante la evasión del imputado, las autoridades estatales solicitaron el apoyo de Interpol para su localización internacional, lo que permitió ubicarlo y detenerlo en territorio español.
Actualmente, Luis Jorge “N” enfrenta el procedimiento de extradición para ser trasladado a México y quedar a disposición de la autoridad judicial que lo reclama por el delito de fraude genérico.
