Alejandro Peza/CARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- Usuarios de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) en la ciudad de Chetumal denunciaron el corte del suministro de agua potable por adeudos en el pago del servicio, pese a que la legislación vigente en Quintana Roo reconoce el acceso al agua como un derecho humano y prohíbe la suspensión total del servicio para uso doméstico.
De acuerdo con los usuarios afectados, personal del organismo operador ha realizado acciones para restringir o interrumpir el suministro en algunos domicilios que presentan rezagos en sus pagos, situación que ha generado inconformidad entre los ciudadanos, quienes consideran que estas medidas vulneran un derecho fundamental.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como diversas disposiciones legales estatales establecen que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico de forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
La normatividad contempla mecanismos para que los organismos operadores puedan recuperar adeudos; sin embargo, estos procedimientos no deben traducirse en la restricción o privación total del suministro indispensable para la vida cotidiana de las familias.
La controversia surge debido a que algunos ciudadanos afirman haber permanecido varios días sin acceso al agua potable tras la aplicación de medidas por parte de CAPA, lo que afecta actividades básicas como la preparación de alimentos, la higiene personal, la limpieza del hogar y el cuidado de personas adultas mayores, niñas, niños o personas con enfermedades.
Los usuarios afectados reconocen la obligación de cumplir con el pago de los servicios públicos, pero consideran que las estrategias de recuperación de cartera vencida deben realizarse dentro del marco legal y sin afectar el acceso mínimo al agua para uso doméstico.
Un dato importante es que la ley establece que los organismos operadores pueden establecer convenios de pago, programas de regularización o mecanismos administrativos para recuperar adeudos, pero no pueden desconocer el carácter de derecho humano que tiene el acceso al agua.
Hay que destacar que cualquier acción que implique la suspensión total del servicio podría ser objeto de revisión jurídica, particularmente cuando se trata de viviendas habitadas de manera permanente y destinadas al uso doméstico.
La situación ha generado un llamado para que las autoridades estatales y los organismos responsables revisen los procedimientos que actualmente se aplican en materia de cobranza, con el objetivo de garantizar el equilibrio entre la sostenibilidad financiera de los servicios hidráulicos y la protección de los derechos fundamentales de la población.
Los ciudadanos afectados han solicitado mayor información sobre los mecanismos legales existentes para presentar inconformidades y aclarar sus situaciones de adeudo, al tiempo que pidieron a CAPA fortalecer los esquemas de diálogo y regularización para evitar que las familias queden sin acceso a un recurso indispensable.
SIM
