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CANCÚN.- La reciente sentencia absolutoria a favor del exgobernador Roberto Borge Angulo por delincuencia organizada, dejó sin reparación del daño al patrimonio estatal por más de 900 millones de pesos por el remate de 22 terrenos en el que participaron familiares del exmandatario y funcionarios de primer nivel.
A una semana que se supo del perdón a favor de Borge Angulo y su probable salida del penal de Cuautla, Morelos, donde se sabe aún permanece en prisión desde enero de 2018, dejó en el limbo la reparación del daño causado contra la entidad, que entre 2011 a 2016 se vio afectada con la venta de 22 inmuebles en zonas privilegiadas a costos irrisorios. Esto significó un daño cuantificado por 900 millones 99 mil 418 pesos.
En la imputación dictada por el Tribunal de Apelación de Xochitepec el 11 de julio de 2025, que sirvió de base en el juicio que se celebró en días recientes para resolver el proceso penal de Roberto Borge por delincuencia organizada, se dejan ver las acusaciones puntuales de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el exgobernador.
De acuerdo con el planteamiento del órgano ministerial federal, Roberto Borge fue acusado penalmente por la dilapidación de 22 terrenos a precios subvaluados cedidos mediante compraventa a empresas fachadas fundadas por sus familiares y empleados suyos.
La FGR formuló la imputación contra el exgobernador por este delito porque no actuó solo, sino con varios exfuncionarios y familiares. Además, se desconoce de dónde se obtuvieron los recursos con los que se adquirieron estos inmuebles.
En el expediente penal 269/2024, del Tribunal Colegiado de Apelación de Xochitepec, se lee que la triangulación de los negocios, de acuerdo con el planteamiento de agentes de la FGR, fue la enajenación de estos terrenos a favor de empresas fundadas por el papá del exgobernador: Roberto Borge Martín.
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“Una vez que los 22 inmuebles pasaron a ser propiedad de las personas que referí […] estos constituyeron una serie de personas morales las cuales se tildan de fachada o fantasmas de las que […] tenían el dominio y eran representantes legales, socios o accionistas, las mismas personas que conforman este conglomerado delictivo, es decir, que a través de estas mismas pretendieron, por medio de la transmisión de la propiedad de los inmuebles, pretendieron ocultar el origen y destino de estos inmuebles propiedad del IPAE”(sic), se lee.
Claudia Romanillos
Por ende, en este entramado sale a relucir la participación de Claudia Romanillos, extitular del IPAE, encargada del resguardo del patrimonio público durante aquel quinquenio.
“Con motivo de la información remitida por la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, misma que […] informó lo siguiente: (…) su padre, es autorizado firmante en la cuenta bancaria de la empresa fachada (…) de la que es socio principal y accionista (…) destacándose que la persona moral de referencia recibió, por incremento de capital, 2 de estos veintidós predios”(sic).
A partir de esto, la FGR construyó su teoría del caso, con la que buscó que Borge Angulo pagara con hasta 40 años de prisión y la reparación del daño.
“Todos estos predios, como se ha dicho, fueron enajenados fuera y al margen de la ley y no cumplieron su propósito para los cuales debían haber sido enajenados, este hecho que a juicio de la Fiscalía Federal, encuadra en la clasificación jurídica provisional del delito de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita”(sic).
Hasta ahora se desconocen los motivos por los que la FGR se le cayó la imputación, pues el engrose de la sentencia aún no se hace público, que deberá ocurrir en las siguientes semanas o meses.
Apelación
LA FGR, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, aún se encuentra a tiempo de apelar la absolución mediante el recurso de apelación, porque el plazo es de 10 días hábiles a partir de la lectura de la sentencia a Roberto Borge, que debió ocurrir la semana pasada.
Roberto Borge quedó absuelto por el juez Gustavo Eduardo Alonso Ortiz, del Centro de Justicia Penal Federal de Xochitepec, Morelos. Aún enfrenta un proceso penal por lavado de dinero.
