La Sección 22 del SNTE-CNTE denuncia una estrategia de violencia y criminalización impulsada desde el gobierno de Salomón Jara en Oaxaca. Tras desalojos forzados en Mitla, el magisterio acusa a Morena de recurrir a prácticas autoritarias y reprimir la protesta social con grupos de choque.
La escalada de violencia contra el magisterio en Oaxaca
Profesores de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han denunciado una intensificación de la represión en Oaxaca. El magisterio acusa al gobierno de Salomón Jara Cruz de emplear «grupos de choque, grupos paramilitares, la criminalización de la protesta social y la represión encubierta». Esta estrategia, según los maestros, remite a «prácticas que históricamente han caracterizado a los gobiernos autoritarios» y se ha convertido en una constante en la administración actual.
La Sección 22 condenó esta «estrategia paramilitar y de desgaste político impulsada desde las estructuras gubernamentales». Argumentan que el gobierno busca «contener mediante la violencia lo que no han podido resolver con la capacidad política, voluntad resolutiva ni atención a las demandas legítimas del movimiento magisterial democrático». La declaración enfatiza la falta de soluciones reales a las demandas del magisterio y del pueblo.
Desalojo forzado en Mitla quiebra el diálogo político
Los hechos de violencia más recientes ocurrieron el 27 de mayo de 2026 en San Pablo Villa de Mitla. Un grupo, presuntamente vinculado al presidente municipal Esaú López Quero, desalojó violentamente a docentes de la Sección 22 del SNTE-CNTE que mantenían un bloqueo. La interrupción se produjo en el crucero que conecta la Villa de Mitla con la región del Istmo de Tehuantepec.
Tras el desalojo, los maestros de la Sección 22 de la CNTE mantuvieron un bloqueo sobre la carretera 190, a la altura del reclusorio de Tanivet, Tlacolula. En respuesta a estos eventos, la secretaria general de la Sección 22 del SNTE-CNTE, Yenny Araceli Pérez Martínez, interrumpió una mesa de justicia que se atendía en la Secretaría de Gobernación (Segob) en la Ciudad de México. Desde la capital, la lideresa sindical responsabilizó directamente al gobernador Salomón Jara Cruz, al secretario de Gobierno, Jesús Romero López, y al presidente municipal de Mitla, Esaú López Quero, todos militantes de Morena, por la agresión sufrida por el magisterio.
Investigaciones y el costo político de la represión
La Fiscalía General de Oaxaca (FGEO) inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos de violencia en Mitla. La indagatoria se centra en la posible participación de civiles armados y presuntos policías, quienes fueron captados en un video difundido en redes sociales. Según el comunicado de la FGEO, las grabaciones muestran a personas civiles e individuos con uniformes policiales que, supuestamente, habrían realizado disparos con armas de fuego en el lugar, con el aparente fin de dispersar la protesta.
El magisterio denunció que la responsabilidad de estos actos recae plenamente en los tres niveles de gobierno, acusándolos de actuar de manera coordinada para desarticular la protesta social. Afirman que esta coordinación apuesta por la confrontación, en lugar de atender las causas profundas del conflicto. Los docentes señalaron un «falso discurso del llamado gobierno del diálogo abierto», donde «mientras mediáticamente pregonan apertura, respeto y negociación, en los hechos responden con agresiones, despliegues policiales, intimidación y el uso de terceros para violentar la movilización popular, intentando lavarse las manos frente a su responsabilidad política y operativa».
El pronunciamiento del magisterio responsabilizó «absoluta y directamente a los tres niveles de gobierno encabezados por Morena: al gobierno federal (Claudia Sheinbaum), al gobierno estatal (Salomón Jara) y al presidente municipal de la Villa de Mitla (Esaú López Quero)». Estas agresiones, afirman, fueron «ejecutadas por grupos de choque bajo una estrategia sistemática de provocación, confrontación y violencia política orientada a reprimir la legítima protesta del magisterio democrático». Ante la presión ejercida, Esaú López Quero, presidente de la Villa de Mitla, solicitó licencia indefinida a su cargo la noche del 27 de mayo, con el fin de facilitar el esclarecimiento de los hechos. El gobierno del estado condenó los actos de violencia, y en el Congreso de Oaxaca, legisladores morenistas pidieron la revocación del mandato del edil de Mitla.
La denuncia de violencia de género agrava el panorama
Las repercusiones de la violencia en Mitla se extendieron con una denuncia adicional de la legisladora morenista Cony Rueda. La diputada condenó la «conducta patriarcal» observada en la Villa de Mitla. Explicó que la «retención y humillación pública de las maestras de la Sección 22, que fueron amarradas, es violencia machista explícita». Rueda enfatizó que «ningún conflicto justifica despojar a las mujeres de su dignidad y autonomía» y exigió a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca investigar los hechos con perspectiva de género.
El magisterio democrático ha exigido un alto inmediato a las agresiones y provocaciones. Demandan garantías para la integridad física y política de sus compañeros movilizados, castigo para los responsables materiales e intelectuales de los hechos, y respuestas inmediatas, serias y resolutivas a las demandas planteadas por la Sección 22.
