Redacción
CANCÚN.- La reciente reforma electoral aprobada por Morena-PVEM-PT en Quintana Roo podría abrir la puerta a una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al considerarse que vulnera el principio de representación proporcional previsto en el artículo 115 de la Constitución federal, de acuerdo con abogados y especialistas en derecho electoral consultados por CARIBE PENINSULAR.
El punto central de la controversia se concentra en la modificación al sistema de integración de los cabildos, particularmente en la eliminación de la posibilidad de que candidatos perdedores a presidentes municipales puedan acceder como regidores de representación proporcional.
No es decorativa
Juristas consultados sostienen que la reforma no sólo modifica una regla electoral secundaria, sino que altera el sentido constitucional del pluralismo municipal.
“El artículo 115 no establece una representación proporcional meramente decorativa o aritmética; exige una representación capaz de garantizar pluralidad política efectiva dentro de los ayuntamientos”, señalaron.
De acuerdo con esta interpretación, aunque la reforma mantiene formalmente las regidurías de representación proporcional, en los hechos desplaza a quienes encabezaron las planillas opositoras y recibieron respaldo directo de sectores del electorado, sustituyéndolos por una especie de listas partidistas alternas determinadas por las dirigencias.
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Los abogados advierten que esto podría vaciar de contenido el objetivo histórico de la representación proporcional en México.
La tesis jurídica parte de la evolución constitucional del sistema político mexicano, donde la representación proporcional surgió originalmente para abrir espacios a las minorías políticas frente a mayorías dominantes en el Congreso, lógica que posteriormente fue trasladada al ámbito municipal mediante reformas al artículo 115 constitucional.
“Su incorporación al municipio buscó evitar cabildos monocolor y garantizar órganos deliberativos con presencia real de minorías políticas”, sostienen.
Desde esa óptica, afirman que la reforma aprobada en Quintana Roo no puede analizarse únicamente como una modificación técnica sobre prelación de listas, sino como una medida que afecta directamente el diseño constitucional de pluralidad democrática en los ayuntamientos.
Sin justificación
Otro de los argumentos que podría utilizarse en una eventual impugnación es la falta de una “justificación reforzada” por parte del Congreso local.
Aunque el dictamen legislativo sí desarrolla explicaciones generales sobre reelección, nepotismo electoral, paridad y reglas presupuestales, especialistas sostienen que no existe una argumentación específica que demuestre por qué excluir a quienes encabezaron planillas municipales fortalece la representación proporcional o mejora el funcionamiento democrático de los cabildos.
“La libertad de configuración legislativa no es absoluta. Cuando una reforma incide directamente en la integración plural de órganos representativos, el legislador debe acreditar que la medida persigue un fin constitucional válido, y que además es idónea, necesaria y proporcional”, sostienen los análisis preliminares.
Bajo esa lógica, los especialistas consideran que la ausencia de una motivación reforzada podría convertirse en uno de los principales puntos de ataque jurídico contra la reforma electoral de Quintana Roo.
La discusión ocurre en medio de críticas de partidos de oposición y dirigentes municipales, quienes han acusado que la modificación debilita los contrapesos dentro de los cabildos y favorece el control de las dirigencias partidistas sobre la representación municipal rumbo al proceso electoral de 2027.
Partidos sumisos
Sin embargo, el principal obstáculo es la oposición local, que ha optado por una alianza silenciosa con la 4T.
Se ve como improbable que PAN o PRI puedan prestar un recurso legal, mientras que MC está sujeto a conflictos internos.
