El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó regular las «pre-precampañas» para las elecciones de 2027, dejando esta práctica en un vacío legal. Esta decisión mayoritaria argumenta que la legislación corresponde a la Cámara de Diputados, a pesar de las advertencias sobre la imposibilidad de fiscalizar los gastos anticipados.
Un camino electoral desdibujado por la anticipación
La práctica de «pre-precampañas» electorales, iniciada casi un año antes del comienzo formal del periodo, ha reconfigurado el panorama político nacional. Esta metodología fue implementada por Morena en el verano de 2024 para la definición de su candidatura presidencial. En aquel momento, seis aspirantes, apodados «corcholatas» por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, protagonizaron un proceso que, a pesar de su falta de un marco legal explícito, fue validado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Este precedente ha cristalizado un vacío normativo persistente. Las cúpulas de los seis partidos políticos nacionales lanzaron, hace semanas, iniciativas similares para definir sus candidaturas con vistas a los comicios de 2027. Dicho esquema replica una dinámica que carece de una regulación clara y específica por parte del árbitro electoral, manteniendo una zona gris en la contienda anticipada.
La propuesta que buscó cerrar el vacío legal
Frente a esta situación de indefinición, el consejero Arturo Castillo Loza presentó una propuesta al INE el 31 de marzo pasado. Su objetivo central era establecer lineamientos de acción para que el instituto pudiera actuar frente a estos «procesos políticos anticipados». Castillo Loza subrayó la urgencia de aprobar estos lineamientos, afirmando que «el tiempo sigue corriendo y este árbitro sigue sin arbitrar el partido», señalando la inacción regulatoria del organismo.
Tras 57 días de discusión en diversas áreas del instituto, el texto final de la propuesta delineaba obligaciones precisas para los partidos. Estas incluían la necesidad de informar al INE sobre todas las actividades y la propaganda asociadas a las «pre-precampañas». Específicamente, planteaba:
- La definición de un mecanismo para la fiscalización de estos procesos anticipados.
- La prohibición explícita del uso de tiempos de radio y televisión para la difusión de estas actividades.
- La acumulación de los gastos generados por estos actos anticipados a los gastos finales de la campaña, buscando una mayor transparencia contable.
La mayoría del consejo frena la intervención reguladora
La propuesta del consejero Castillo Loza recibió el apoyo únicamente de dos de sus colegas: Martin Faz y Carla Humphrey. Sin embargo, fue rechazada por el bloque mayoritario del Consejo General del INE, compuesto por ocho consejeros y encabezado por la presidenta Guadalupe Taddei Zavala. El argumento principal de la mayoría se centró en la premisa de que la facultad de legislar en torno a las «pre-precampañas» corresponde a la Cámara de Diputados. Adicionalmente, se señaló la existencia de reglas previas que definen la actuación del INE en periodos no electorales, restando validez a la necesidad de implementar nuevos lineamientos específicos.
Durante el debate interno, el consejero Uuc-kib Espadas cuestionó las motivaciones de Castillo Loza. Espadas le acusó, en un tono que describió como «caballerosamente», de presentar la propuesta a sabiendas de que no contaría con el respaldo mayoritario para su aprobación. Sugirió que el objetivo no era lograr la aprobación, sino «generar un mensaje de alguna naturaleza», expresando no comprender «cuál es el testimonio que quiere lanzar y cuál es el mensaje que se quiere proyectar».
Minutos más tarde, Castillo Loza replicó a Espadas. Defendió que su objetivo fundamental consistía en definir «qué tipo de árbitro será el INE en las elecciones que vienen». Argumentó que, en el estado actual de las cosas, si el instituto llegara a detectar «actos anticipados de precampaña o campaña, vamos a estar totalmente imposibilitados para fiscalizar los gastos relacionados con estos actos», enfatizando así la ineficacia regulatoria ante la ausencia de un marco específico.
El futuro del arbitraje: un dilema sin resolver para el INE
La decisión del INE de abstenerse de regular las «pre-precampañas» para los comicios de 2027 perpetúa un escenario de incertidumbre legal. La continuidad de procesos internos de selección de candidaturas, iniciados con notable antelación, operará sin un marco de fiscalización específico. Esto limita la capacidad del árbitro electoral para controlar los recursos invertidos o para garantizar la equidad en las fases iniciales de la contienda. Este vacío normativo, a pesar del precedente establecido por Morena y la validación de la Sala Superior del TEPJF, plantea interrogantes significativos sobre la eficacia del INE para asegurar la equidad y la transparencia en los primeros pasos del proceso electoral venidero. La discusión interna evidencia una división clara sobre el alcance de las facultades del instituto y la urgencia de su rol frente a nuevas dinámicas políticas anticipadas.
