La administración interina de Yeraldine Bonilla Valverde en Sinaloa registra 93 asesinatos, siete feminicidios y 25 cuerpos en fosas clandestinas durante sus primeras tres semanas. Estos datos, entre el 1 y 24 de mayo de 2026, marcan una escalada de violencia en la región.
El saldo implacable de tres semanas de gobierno provisional
La gestión interina de Yeraldine Bonilla Valverde en Sinaloa ha sido marcada por una escalada de violencia en sus primeras tres semanas. Entre el viernes 1 de mayo, fecha en que el gobernador Rubén Rocha Moya solicitó licencia, y el domingo 24 de mayo de 2026, se registraron un total de 93 asesinatos. Este periodo corresponde exactamente a la duración del mandato provisional de Bonilla Valverde.
Crímenes documentados: homicidios y feminicidios
De la cifra total de crímenes reportados en estas tres semanas, siete han sido explícitamente registrados como feminicidios. Este dato resalta una dimensión específica de violencia de género que persiste en la entidad, incluso en periodos de transición gubernamental y alta incidencia delictiva. El conteo incluye todos los homicidios dolosos reportados durante el lapso de la administración interina.
El sombrío recuento de fosas clandestinas
Adicionalmente a los asesinatos directos, el mismo periodo ha revelado el hallazgo de al menos 25 cuerpos exhumados de fosas clandestinas. Estos descubrimientos son indicadores críticos de la violencia subterránea y la impunidad, sugiriendo la magnitud de desapariciones y ejecuciones ocultas en el estado. La presencia constante de estos sitios clandestinos subraya la complejidad del desafío de seguridad en Sinaloa.
La dinámica política detrás de la escalada de violencia
La asunción del gobierno interino por Yeraldine Bonilla Valverde es consecuencia directa de la licencia solicitada por el gobernador Rubén Rocha Moya. Esta decisión se tomó en un contexto de diligencias de la Fiscalía General de la República (FGR), que sigue un proceso iniciado tras una solicitud de extradición por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La licencia del gobernador y las acusaciones de extradición
La solicitud de extradición por parte de las autoridades estadounidenses implica a 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, incluyendo al propio gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya. Los cargos se relacionan con presuntos nexos con el narcotráfico, lo que detonó la necesidad de una licencia temporal para el titular del ejecutivo estatal mientras transcurren las investigaciones y procesos legales correspondientes.
El origen del conflicto: guerra entre cárteles
La alta incidencia de asesinatos en Sinaloa no es un fenómeno reciente. Según los registros, esta tendencia se exacerbó significativamente a partir del 9 de septiembre de 2024, cuando se inició una guerra declarada entre las facciones conocidas como «Chapitos» y «Mayos» en el estado. Este conflicto persistente entre grupos del crimen organizado ha sido un motor fundamental de la inestabilidad y violencia sistémica en la región, impactando directamente las cifras de seguridad.
Sinaloa: un panorama de violencia crónica en 2026
Más allá de las últimas tres semanas, el panorama general de seguridad en Sinaloa durante 2026 presenta cifras alarmantes. La tendencia de violencia homicida se mantiene elevada, con proyecciones que sugieren un incremento en mayo.
Cifras de homicidios dolosos y feminicidios anuales
Entre enero y abril de este año, Sinaloa acumuló 397 homicidios dolosos y 28 feminicidios. La cifra de 93 asesinatos y 7 feminicidios registrada durante mayo, aun sin considerar el mes completo, indica que este podría convertirse en el mes con el mayor número de crímenes de este tipo en lo que va del año. Esta proyección subraya la agudización de la crisis en los últimos periodos.
La invisibilidad oficial de las fosas clandestinas
Sinaloa se posiciona como una de las entidades con el mayor número de hallazgos de fosas clandestinas durante 2026. Esta información proviene del reporte de la asociación civil Causa Común, el cual, sin embargo, destaca la ausencia de un registro oficial consolidado por parte de las autoridades. La falta de un conteo gubernamental preciso dificulta la comprensión total de la magnitud de las desapariciones y la violencia oculta en el estado, creando una brecha entre la percepción ciudadana y los datos públicos.
