La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó el bloqueo de cuentas del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios más, tras una acusación formal de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por conspiración para importar narcóticos y vínculos con el Cártel de Sinaloa.
La acción del Gobierno de México se ejecutó de manera estrictamente preventiva, como respuesta a una investigación que ha implicado a figuras políticas en presuntos delitos transnacionales. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detalló que esta medida se fundamenta en reportes emitidos por diversas instituciones del sistema financiero mexicano, específicamente bajo el protocolo de reportes bancarios conocidos como LPB 24 Horas, un mecanismo diseñado para la inmovilización de activos.
Fiscalía de Nueva York detalla nexos de funcionarios con el cártel
El origen de la inmovilización de activos radica en una acusación formal presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Esta imputación señala directamente a Rubén Rocha Moya, quien se desempeña como gobernador con licencia, y a otros nueve funcionarios del estado de Sinaloa. Es crucial destacar que la lista de señalados incluye tanto a individuos activos en la función pública como a aquellos que ya se encuentran retirados de sus cargos.
La acusación principal contra estos diez individuos es la conspiración para importar narcóticos hacia Estados Unidos. Dentro de los estupefacientes mencionados explícitamente se encuentran el fentanilo, la cocaína y la metanfetamina, sustancias que representan un grave desafío para la salud pública y la seguridad nacional. La magnitud de la imputación subraya la severidad de los cargos que pesan sobre los señalados, posicionando el caso en el ámbito de la criminalidad organizada con implicaciones internacionales.
Estrategia preventiva: cómo la UIF blindó el sistema financiero
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante su brazo operativo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ratificó el 18 de mayo de 2026, la ejecución de adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB). Esta medida fue adoptada con un carácter estrictamente preventivo, tras recibir y procesar diversos reportes de alerta generados por instituciones que integran el sistema financiero nacional. La dependencia precisó que la inmovilización de las cuentas se ejecutó con base en la información proporcionada a través de los reportes bancarios clasificados como LPB 24 Horas.
El protocolo de inmovilización preventiva tiene como objetivo primordial proteger la integridad y estabilidad del sistema financiero de México. La medida, anunciada en la Ciudad de México a las 11:03 horas, refleja la coordinación entre las autoridades para mitigar riesgos asociados a operaciones que puedan estar vinculadas con actividades ilícitas. La información oficial fue difundida a través de un comunicado de prensa de la Secretaría de Hacienda en sus canales digitales, reiterando las acciones sobre Personas Políticamente Expuestas de Sinaloa.
Operación ‘Los Chapitos’: el alcance de la imputación transnacional
La imputación detallada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no se limita únicamente a la importación de narcóticos. Un componente central de la acusación refiere a la colaboración explícita con la facción conocida como “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa. Esta conexión agrava significativamente el alcance de los cargos, ligando a los funcionarios señalados con una de las estructuras delictivas más prominentes y violentas de la región.
La conspiración abarcó la introducción a Estados Unidos de cargamentos considerables de fentanilo, cocaína y metanfetamina, indicando una red de tráfico internacional. La naturaleza de los delitos imputados, que incluyen cargos por conspiración para importar estupefacientes a territorio estadounidense y la vinculación directa con una facción específica del crimen organizado, resalta la gravedad de la investigación en curso y su impacto en la esfera política y de seguridad.
