Juan Leonardo Pérez Téllez, padre de un menor con autismo, denuncia hostigamiento y amenazas de la Procuraduría de Hidalgo tras exponer el presunto abuso sexual de su hijo, clamando auxilio urgente a la ONU por falta de garantías en su estado.

La confrontación pública: cuando un padre increpó al poder

El 4 de enero de 2026, durante un evento en Tizayuca, Hidalgo, Juan Leonardo Pérez Téllez increpó directamente a la entonces presidenta Claudia Sheinbaum. El motivo fue solicitar justicia por un posible abuso sexual agravado cometido contra su hijo, un menor con trastorno del espectro autista. La interrupción ocurrió mientras Sheinbaum supervisaba la construcción del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 293.

El eco de una denuncia en Tizayuca

Pérez Téllez, de 27 años, denunció en el acto posibles omisiones por parte de la fiscalía estatal, urgiendo la intervención de la mandataria. Informó haber recibido amenazas de muerte y expresó temor por su vida. Tras la denuncia, Sheinbaum solicitó a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, la revisión del caso.

La respuesta oficial y la suspensión del directivo

La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) confirmó el 7 de enero de 2026 la suspensión temporal del director de la escuela primaria Donaciano Serna Leal, René C.B., señalado como presunto responsable de la agresión sexual contra el niño de 9 años. Esta medida fue implementada mientras el directivo enfrentaba el proceso penal en su contra. El secretario de Educación estatal, Natividad Castrejón Valdez, afirmó ese mismo 7 de enero que la separación salarial podría entrar en vigor en la quincena siguiente. Subrayó que, ante quejas de este tipo, la separación inmediata de la escuela es obligatoria para evitar contacto con alumnos, reasignando al acusado a funciones administrativas en una jefatura de sector.

El giro peligroso: acusaciones de hostigamiento estatal directo

Juan Leonardo Pérez Téllez ha denunciado hostigamiento y amenazas que atribuye a elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH). Mediante un video difundido en sus redes sociales, alertó sobre una persecución activa.

La narrativa de terror psicológico institucional

Pérez Téllez afirmó públicamente que su esposa, su hijo y él estaban siendo perseguidos y acosados por camionetas oficiales de la Procuraduría de Hidalgo. La familia también recibía llamadas de amenaza después de que el padre expusiera la presunta corrupción en el caso de su hijo. Consideró que su familia carecía de garantías de seguridad en su propio estado. En un video en Facebook de carácter urgente, el padre declaró que la Federación los había abandonado, poniendo sus vidas e integridad física en peligro inmediato por parte del aparato estatal de Hidalgo. Denominó esta situación como un «esquema sistemático de hostigamiento, persecución y terror psicológico institucional» que, a su juicio, constituye un crimen de estado.

El padre sostuvo que, tras denunciar la corrupción, omisiones y nexos delictivos en el caso de abuso sexual agravado, su familia se convirtió en «blanco de una cacería». Detalló que eran «perseguidos, vigilados y cercados por camionetas oficiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo», las cuales seguían sus caminatas y vigilaban sus salidas de instituciones. Afirmó que se utilizaban recursos públicos para amedrentar a las víctimas en lugar de capturar a los culpables. También señaló haber recibido amenazas directas por parte de «personas plenamente identificadas como trabajadores del gobierno de Hidalgo», incluyendo subordinados del subprocurador. Interpretó estas acciones como «represión, persecución política y uso de la fuerza del estado para cubrir la pederastia».

El silencio forzado: la exclusión de un testimonio vital

Una de las acusaciones más graves del padre de familia es la posible evasión del testimonio de su hijo. Según Pérez Téllez, la magistrada de la Segunda Sala Unitaria había «borrado y excluido la declaración de mi hijo del proceso, silenciando a la víctima para favorecer al agresor» René C.B. y a su abogado.

El entramado legal: amparos, dilaciones y señalamientos directos

El caso ha acumulado una serie compleja de recursos legales que han afectado el desarrollo del proceso. La suspensión temporal de actividad profesional para René C.B., director de la primaria Donaciano Serna Leal, fue dictada hasta el 12 de diciembre, a pesar de que había sido vinculado a proceso por el delito de abuso sexual agravado desde una audiencia inicial el 4 de abril de 2025.

El proceso contra René C.B.: libertad bajo amparo

El directivo seguía el proceso en libertad, beneficiado por un amparo concedido por un juez con sede en la Ciudad de México. Esta medida, sin embargo, sería revisada por un Tribunal federal con sede en Hidalgo. La serie de recursos legales también ha permitido el seguimiento del caso en libertad, situación que es reclamada por el padre de la víctima. René C.B. se mantuvo en el sistema educativo estatal con remuneración y derechos laborales vigentes, asignado a funciones administrativas, hasta el inicio del procedimiento de separación salarial. El secretario de Educación estatal, Natividad Castrejón Valdez, enfatizó que la SEP, una vez que la Procuraduría asume el caso, deja de ser parte del proceso, esperando que la autoridad competente determine la falta. Agregó que la institución no puede prejuzgar y su función se limita a tomar medidas para evitar el contacto del acusado con alumnos.

Funcionarios señalados: la lista de responsables según Pérez Téllez

Juan Leonardo Pérez Téllez responsabilizó directamente de la seguridad de su familia, y de cualquier posible atentado o «accidente», a los siguientes funcionarios:

• Francisco Fernández Hasbun: Encargado del despacho de la Procuraduría de Hidalgo.
• Iram González Pérez: Subprocurador y hermano del actual secretario de Agricultura, Napoleón González Pérez. A este último, Pérez Téllez lo había señalado por posible corrupción y negligencia en la atención del caso.
• Marco Antonio Chavarría Perchez: Ministerio público, a quien acusó de «ocultar la carpeta cinco meses y hostigarnos».
• Víctor Manuel Portela Ortiz: Juez, por «un año de burlas procesales».

El llamado desesperado: una petición de ayuda internacional

Ante la percibida falta de garantías y el presunto hostigamiento estatal, Juan Leonardo Pérez Téllez solicitó «auxilio urgente» de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esta medida resalta la percepción de desamparo que vive la familia en su búsqueda de justicia y seguridad.