La madre de Carlos Emilio Galván Valenzuela exige a la gobernadora interina Yeraldine Bonilla resultados inmediatos y una reingeniería profunda de la Fiscalía tras siete meses de inacción. La denuncia señala nexos entre el poder político y la falta de avances en el caso ocurrido en Mazatlán.
Exigencia de rendición de cuentas frente a la omisión institucional
Brenda Valenzuela Gil ha manifestado una postura contundente contra la parálisis en la investigación de su hijo, Carlos Emilio Galván Valenzuela, desaparecido el 5 de octubre de 2025 en Mazatlán. A escasos días de cumplirse siete meses del suceso, la madre del joven dirigió un mensaje directo a la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, quien tomó protesta el 2 de mayo. La demanda central no solo se enfoca en la localización del joven, sino en una fiscalización estricta de los funcionarios que han gestionado el expediente sin aportar respuestas concretas hasta el momento.
La realidad en la entidad se describe como un escenario desbordado por fosas clandestinas y miles de ausencias que superan cualquier narrativa oficial. Valenzuela Gil advierte que la administración interina recibe un estado marcado por la violencia y una crisis de seguridad que requiere acciones inmediatas más allá de los discursos tradicionales. La falta de resultados es interpretada como una responsabilidad directa de las autoridades que han permitido que la impunidad prevalezca en el sistema judicial sinaloense.
Vínculos políticos y el entorno de la desaparición en Mazatlán
El caso de Carlos Emilio adquiere una relevancia crítica debido al lugar donde fue visto por última vez: el bar Terraza Valentinos. Este establecimiento es propiedad de Ricardo «Pity» Velarde Cárdenas, quien fungiera como secretario de Economía y colaborador cercano del ahora exgobernador Rubén Rocha Moya. La madre del joven enfatiza que este nexo entre el poder político y el sitio de la desaparición constituye el núcleo de la falta de progresos en las indagatorias, sugiriendo una protección sistemática hacia actores influyentes.
La situación se agrava ante los señalamientos del gobierno de Estados Unidos contra la administración saliente de Rocha Moya por presuntos vínculos con el crimen organizado. Para Valenzuela Gil, este contexto internacional no es accesorio, sino que explica la intersección entre el poder y la ausencia de justicia. La exigencia hacia la gobernadora Bonilla es clara: evitar la continuidad del silencio y garantizar que la investigación no tenga límites, incluyendo el llamado a comparecer de todos los involucrados, particularmente de Velarde Cárdenas.
Urgencia de una reingeniería en la Fiscalía General del Estado
La operatividad de la Fiscalía de Sinaloa ha sido blanco de críticas severas por parte de los colectivos de búsqueda y familiares de víctimas. Brenda Valenzuela plantea que la institución requiere una transformación radical en sus procesos y en la selección de sus responsables. Esta solicitud de reforma estructural se sustenta en los siguientes puntos críticos detectados durante el proceso:
- Señalamientos internacionales: El vicefiscal Dámaso Castro Saavedra figura en la lista de funcionarios bajo sospecha de las autoridades estadounidenses por nexos delictivos.
- Gestión ineficiente: El desempeño del vicefiscal Isaac Aguayo Roacho es cuestionado, ya que a pesar de que la familia actuó con inmediatez tras la desaparición, no se lograron avances significativos.
- Fallas sistémicas: La denuncia subraya que el problema radica en una estructura institucional que permite la impunidad y la indiferencia ante el dolor de las familias.
La madre del joven aclara que su lucha trasciende el caso individual, representando a cientos de familias sinaloenses que han visto cómo centros de esparcimiento se transforman en puntos de desaparición bajo la mirada de un sistema inoperante. La consigna final es la localización con vida de Carlos Emilio, rechazando cualquier matiz que prolongue la incertidumbre que ha marcado a Sinaloa durante el último periodo gubernamental.
