La justicia de Estados Unidos inició el proceso de confiscación total de activos contra Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios de Sinaloa, tras la acusación formal en Nueva York por narcotráfico. El Departamento de Justicia persigue propiedades, cuentas y bienes sustitutos derivados de la protección operativa a la facción de «Los Chapitos».
Ofensiva financiera contra la estructura de mando en Sinaloa
La estrategia legal del Distrito Sur de Nueva York trasciende las posibles penas de prisión al enfocarse en el desmantelamiento de la capacidad económica de los acusados. De acuerdo con el expediente judicial, el Gran Jurado determinó que todos los implicados, incluido el gobernador con licencia, deben ceder a favor del gobierno estadounidense cualquier bien obtenido directa o indirectamente de la asociación delictuosa para la importación de narcóticos.
Esta medida de decomiso afecta a figuras clave de la administración pública y el poder legislativo:
- Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia.
- Enrique Inzunza Cázarez, senador de la República.
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas.
- Dámaso Castro Zaavedra, actual Vicefiscal General del estado.
La notificación establece que la incautación alcanza cualquier propiedad utilizada o destinada a facilitar el tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetaminas hacia el mercado estadounidense.
El blindaje legal contra la transferencia de activos a terceros
La acusación incorpora una cláusula de «Disposición sobre bienes sustitutos», una de las herramientas más agresivas del sistema judicial de Estados Unidos. Esta advertencia legal estipula que, si los bienes derivados del crimen no son localizados mediante debida diligencia, han sido vendidos o transferidos a prestanombres y familiares, la justicia perseguirá cualquier otro activo de los acusados.
Esta disposición garantiza que el tribunal neoyorquino pueda confiscar propiedades legalmente registradas que no tengan un vínculo de origen con el delito, hasta cubrir el valor total de la deuda criminal generada. Con ello, se anula la posibilidad de proteger fortunas mediante la fragmentación de activos o el uso de terceros para ocultar la riqueza acumulada durante el ejercicio del poder.
Confiscación de arsenal táctico y recursos operativos
El proceso de decomiso integra también el armamento y equipo utilizado para garantizar la impunidad del Cártel de Sinaloa. El tribunal exige la entrega inmediata de ametralladoras, dispositivos destructivos y municiones empleadas en la custodia de las rutas de trasiego. El expediente detalla el uso recurrente de tecnología bélica avanzada, incluyendo:
- Camiones con blindaje táctico para transporte seguro.
- Lanzagranadas, bazucas y armamento de alto calibre como fusiles AK-47 y AR-15.
En casos específicos de extrema violencia, como el de Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, la orden de incautación es absoluta. Debido a cargos de secuestro con resultado de muerte, deberá entregar la totalidad de sus bienes muebles e inmuebles, además de sumas de dinero en moneda estadounidense que equivalgan al beneficio económico obtenido por dichos actos.
Desarticulación del esquema de sobornos y corrupción
La magnitud de los decomisos proyectados se fundamenta en la evidencia de pagos sistemáticos realizados por la organización criminal a la red de funcionarios. Las investigaciones revelan una estructura de nómina donde jefes policiales y fiscales recibían estipendios mensuales situados entre los 5,450 y los 16,670 dólares.
Estos pagos garantizaban la protección territorial y la filtración de información sensible para el cártel. El objetivo actual de la justicia estadounidense es recuperar cada dólar circulado en esta red de corrupción que facilitó la hegemonía de «Los Chapitos» y la expansión global de sus operaciones desde el estado de Sinaloa.
