La Cámara de Senadores mantendrá una postura de respeto al proceso institucional, permitiendo que sea la Fiscalía General de la República quien determine las sanciones legales tras la ausencia de la gobernadora de Chihuahua ante las comisiones legislativas.
El cauce institucional frente al desacato político en Chihuahua
La omisión de la gobernadora María Eugenia Campos Galván al no atender la convocatoria de las comisiones del Senado se define técnicamente como un desacato de naturaleza política. No obstante, la ruta crítica para establecer responsabilidades jurídicas no recae de forma inmediata en el Legislativo, sino en la competencia de la Fiscalía General de la República. El protocolo dicta que debe agotarse la investigación correspondiente y, en su escenario administrativo o penal, judicializar el asunto antes de que el Senado determine acciones procedentes.
Ignacio Mier Velazco, en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política, enfatiza la necesidad de no anticipar juicios ni entorpecer el flujo de las instituciones. El Senado de la República esperará la determinación oficial de responsabilidades sobre los funcionarios involucrados para actuar bajo un marco de legalidad estricta, evitando la creación de comisiones transitorias o permanentes adicionales, dado que los órganos de control ya están integrados y operativos.
Contradicciones y el colapso de la narrativa estatal
El panorama en Chihuahua se agravó tras la difusión pública de la presencia de agentes extranjeros, hecho derivado de un incidente fatal. La gestión de esta información por parte de las autoridades locales inició con declaraciones que han sido calificadas como falsas por los liderazgos parlamentarios. La dimisión del fiscal del estado se interpreta como un reconocimiento implícito de fallos por omisión, integrándose como un elemento sustancial en las carpetas de investigación que la FGR debe robustecer.
- Primera inconsistencia: Negación inicial de la presencia de agentes externos en territorio estatal.
- Falsedad logística: Afirmaciones sobre una supuesta solicitud de ayuda de los agentes para trasladarse al aeropuerto tras el incidente.
- Irregularidad orgánica: Creación de una Unidad de Investigación que transgrede las facultades legales existentes.
Violación del marco constitucional y federalismo
La instauración de unidades de investigación locales para abordar delitos de carácter federal constituye una transgresión directa a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al tratarse de competencias federales, la administración estatal tenía la obligación jurídica de informar e integrar cualquier expediente a través de la representación de la Fiscalía General de la República en Chihuahua.
Este conflicto de facultades ha generado una tensión institucional profunda. El respeto al marco legal del país exige que el canal de resolución sea exclusivamente la FGR. Las contradicciones detectadas en los informes de la Unidad de Investigación local proporcionan los elementos técnicos necesarios para que la justicia federal asuma el control total del caso, dejando de lado las validaciones externas y centrándose en el rigor de la ley vigente.
