Organizaciones civiles demandan al Gobierno de México la eliminación definitiva del delito de aborto en el Código Penal Federal, fundamentándose en el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el éxito de 19 años de servicios seguros en la capital.
A casi dos décadas de la implementación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la Ciudad de México, el movimiento feminista califica este logro como insuficiente frente al avance de posturas conservadoras a nivel global. Las activistas instan a las autoridades a trascender el límite de las 12 semanas y garantizar que la interrupción del embarazo deje de ser tratada bajo un enfoque punitivo para integrarse plenamente en el sistema de salud pública. Esta demanda se alinea con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 2023, que declaró inconstitucional la criminalización del derecho a decidir y ordenó al Congreso de la Unión eliminar el delito del marco legal federal.
La Ciudad de México se ha consolidado como el bastión de la justicia reproductiva en el país, registrando datos que validan la eficacia de las políticas públicas de salud:
- Alcance del servicio: Se han realizado casi 300 mil procedimientos desde el 24 de abril de 2007.
- Seguridad clínica: El sistema público reporta cero muertes maternas vinculadas a la práctica de la ILE en diecinueve años.
- Refugio nacional: Cuatro de cada diez usuarias que acceden al servicio en la capital provienen de estados con restricciones legales vigentes.
- Modelo integral: La atención incluye consejería, valoración clínica, métodos seguros recomendados internacionalmente y seguimiento post-procedimiento.
Nadine Gassman, secretaria de Salud Pública de la CDMX, destacó que la experiencia acumulada es pionera en América Latina, aunque reconoció que persisten brechas sociales y territoriales. Factores como el nivel de ingreso, la edad y el lugar de residencia siguen determinando la capacidad real de las mujeres para ejercer sus derechos. Ante este escenario, la Secretaría de las Mujeres capitalina, encabezada por Dafne Cuevas, confirmó que se prepara una ley específica contra la criminalización para avanzar hacia una despenalización social efectiva.
A pesar de que 23 de las 32 entidades ya han legislado a favor de la ILE, las organizaciones REDefine México, Ddeser y Católicas por el Derecho a Decidir México subrayan que el Congreso de la Unión y diversas legislaturas locales mantienen una deuda pendiente al no homologar sus códigos penales con los criterios de la SCJN. El objetivo central es que el modelo de atención digna y profesional de la Ciudad de México se replique en instituciones federales como el IMSS y el ISSSTE para eliminar cualquier barrera práctica, miedo al juicio social o desabasto que impida el acceso a la salud reproductiva en el país.
