La presencia no autorizada de agentes de la CIA en operativos tácticos en Chihuahua desata una crisis de soberanía entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y la administración de Donald Trump. El incidente, derivado de un accidente fatal en la Sierra Tarahumara, expone grietas críticas en los protocolos de seguridad binacional y la vigencia de las leyes de control de agentes extranjeros.
La operatividad de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio mexicano, históricamente vinculada a intervenciones sistémicas en América Latina, vuelve al centro del debate tras la muerte de dos de sus elementos en el norte de México. El deceso ocurrió durante el retorno de un supuesto despliegue contra el narcotráfico, un evento que no solo reactiva dudas sobre la cadena de mando y autorizaciones legales, sino que ha comenzado a erosionar la relación con el equipo de Donald Trump.
Este suceso intensifica el escrutinio sobre el alcance real de las agencias estadounidenses en México. A pesar de la postura oficial de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien sostiene una defensa técnica de la soberanía y rechaza la intervención directa de fuerzas extranjeras contra los cárteles, la realidad en campo muestra discrepancias severas. La mandataria confirmó que se analizan sanciones administrativas contra el gobierno estatal de Chihuahua, argumentando que cualquier colaboración internacional debe contar con el aval explícito del gobierno federal, requisito que fue omitido en este caso.
La Casa Blanca, a través de su portavoz Karoline Leavitt, rompió el silencio inicial con una postura de confrontación diplomática. En declaraciones dirigidas a la administración mexicana, Leavitt solicitó «un poco más de empatía» ante la pérdida de los dos ciudadanos estadounidenses. La funcionaria vinculó el despliegue de estos agentes con el esfuerzo de Washington por frenar el tráfico de sustancias ilícitas, calificándolo como un «flagelo» que el presidente estadounidense busca detener activamente a través de la cooperación en México.
Los detalles técnicos del incidente reportan que:
- El siniestro ocurrió el domingo pasado en una zona escarpada entre Chihuahua y Sinaloa.
- Los agentes viajaban con dos miembros de la fiscalía estatal cuando su vehículo cayó por un barranco.
- El área del accidente es estratégica por la reciente desarticulación de un laboratorio masivo de drogas sintéticas.
- La identidad de los fallecidos como activos de la CIA fue ratificada por fuentes de inteligencia bajo anonimato a agencias de prensa internacionales.
La administración de Sheinbaum ha sido enfática en que no se notificó la participación de personal extranjero en estas tareas. Bajo el marco normativo actual, heredado del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los agentes foráneos tienen prohibido operar en campo y deben reportar cada movimiento al Estado mexicano. «No puede haber agentes de alguna institución del gobierno de Estados Unidos operando en campo», sentenció la mandataria, subrayando que tales actos violan el entendimiento de seguridad vigente.
La historia de la CIA y la DEA en México está plagada de episodios de opacidad, frecuentemente expuestos solo ante fallos operativos o tragedias. Ejemplo de ello fue el ataque en 2012 contra una camioneta de la embajada en la periferia de la capital, donde resultaron heridos otros dos miembros de la agencia central.
El flujo de información tras el accidente ha sido errático, evidenciando una descoordinación profunda entre los tres niveles de gobierno y las agencias internacionales. César Jáuregui, titular de la fiscalía chihuahuense, ofreció versiones encontradas en menos de 24 horas. Inicialmente, calificó a los estadounidenses como «oficiales instructores» de la embajada que regresaban de participar en el desmantelamiento del laboratorio de drogas más grande detectado hasta la fecha. No obstante, al día siguiente rectificó, afirmando que los agentes se integraron al convoy después de que el operativo principal había concluido.
La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) informó a la presidencia que no tenía conocimiento de que ciudadanos extranjeros formaran parte de la operación en campo. Ante esta falta de transparencia, se emitió una carta de extrañamiento al embajador de Estados Unidos exigiendo claridad absoluta sobre las funciones de su personal en la zona.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, reforzó la postura de ilegalidad de estos actos, asegurando que la legislación mexicana impide estrictamente que agentes extranjeros participen físicamente en operativos federales. Aunque el ejército brindó acompañamiento para seguridad perimetral a solicitud de Chihuahua, Harfuch distinguió tajantemente entre el «apoyo de seguridad» y la «planeación activa» o ejecución de la operación.
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, se encuentra bajo presión política tras estos eventos. El Senado mexicano ha solicitado su comparecencia para la próxima semana con el objetivo de esclarecer por qué se permitió la incursión de personal de inteligencia extranjero sin los permisos federales correspondientes. La investigación previa al operativo, que según la fiscalía estatal incluyó meses de uso de drones y coordinación militar, ahora queda bajo sospecha debido a la presencia no declarada de la CIA, lo que amenaza con redefinir los términos de la cooperación binacional en materia de narcóticos.
