La Fiscalía General de la República (FGR) recibió una denuncia formal interpuesta por el PAN contra el actual secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y la exembajadora Josefa González Blanco, derivada del uso personal de la residencia diplomática en Londres por parte de familiares del exfuncionario.
La integridad de las instituciones diplomáticas enfrenta un escrutinio legal tras la denuncia presentada por el diputado federal Marcelo Torres Cofiño. El legislador panista exige una investigación exhaustiva sobre la gestión de la residencia oficial de la Embajada de México en el Reino Unido, señalando que los activos del Estado no pueden convertirse en extensiones del patrimonio privado de los servidores públicos. La acusación apunta directamente a Marcelo Ebrard Casaubón y a Josefa González Blanco Ortiz Mena, junto con cualquier individuo implicado en la cadena de mando que permitió estas acciones.
El núcleo del conflicto legal radica en delitos tipificados como ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, peculado y uso indebido de atribuciones. Esta ofensiva jurídica surge tras las recientes declaraciones del secretario de Economía, quien admitió que su hijo se hospedó en el inmueble diplomático durante la crisis sanitaria global. Aunque el exjefe de la diplomacia mexicana desestimó la existencia de un exceso, el marco normativo nacional establece una frontera rígida entre la hospitalidad oficial y el aprovechamiento de recursos públicos para fines domésticos.
Los principios de legalidad exigen que el Estado no normalice la apropiación de bienes para beneficio familiar. Bajo esta premisa, la denuncia establece los siguientes puntos de intervención requeridos para la autoridad ministerial:
- Comparecencia obligatoria de los exfuncionarios y responsables señalados en el expediente.
- Intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores para la entrega de informes detallados.
- Auditoría de la Embajada de México en el Reino Unido sobre el uso de sus instalaciones.
- Revisión de registros, bitácoras de acceso y documentación administrativa del periodo correspondiente.
La narrativa de austeridad y legalidad que rige la administración pública se ve confrontada por la documentación de estos hechos. Los recursos nacionales pertenecen a la ciudadanía y su gestión debe estar blindada contra el encubrimiento o la conveniencia personal. Por ello, la FGR tiene la instrucción de recabar pruebas que clarifiquen si la residencia en Londres fue utilizada como un activo privado bajo el amparo del poder político, vulnerando la confianza pública y las leyes que rigen el comportamiento de los altos mandos.
