El descubrimiento de un espacio de confinamiento denominado «cuarto oscuro» en el Colegio Carrusel Magone A.C. ha desatado una alerta sobre la integridad de los menores y la presunta negligencia institucional. Madres y padres de familia, en conjunto con personal de supervisión, localizaron esta habitación conectada al salón de música, equipada con una cama y acceso directo a una vivienda particular habitada por familiares de la directora. La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) denunció que este escenario no representa un incidente aislado, sino que evidencia omisiones sistemáticas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), tanto a nivel estatal como federal, en la detección de infraestructuras de riesgo.
De acuerdo con los testimonios y la información recabada, en este espacio se ejecutaban castigos físicos contra los infantes bajo el argumento de corregir supuestos «malos comportamientos». La gravedad de la situación se incrementa ante los reportes de ingresos constantes de hombres ajenos a la institución educativa hacia dicha área, lo que configura una zona de riesgo inminente para diversos tipos de agresiones. Esta configuración arquitectónica —casas habitación al interior de escuelas o bodegas con nula visibilidad— ha sido señalada previamente como un factor que facilita la violencia sexual infantil, vulnerando los protocolos de seguridad que obligan a las autoridades escolares a mantener una observación activa y una detección oportuna de factores de riesgo.
- Incumplimiento de mandatos judiciales: La SEP federal enfrenta señalamientos por ignorar sentencias emitidas en 2022 por Juzgados de Distrito, las cuales ordenan disculpas públicas a sobrevivientes de violencia escolar, un hito de reparación que sigue pendiente.
- Compromisos gubernamentales fallidos: A pesar de las promesas de agosto de 2025 para remover casas habitación de los planteles y garantizar baños separados entre adultos y alumnos, el caso en Puebla confirma la persistencia de estas estructuras peligrosas.
- Protocolos de actuación: El marco legal estatal exige a directivos y subdirectivos administrativos realizar recorridos de vigilancia, una responsabilidad que fue evadida en el Colegio Carrusel Magone.
La persistencia de estas omisiones refleja una falla en las políticas de contratación, supervisión y vigilancia que la SEP está obligada a garantizar para ofrecer espacios seguros de aprendizaje. La ODI ha instado a las autoridades ministeriales a realizar una investigación exhaustiva que cumpla con los estándares de protección internacional, priorizando la integridad de las víctimas y evitando su revictimización durante el proceso de justicia. Es imperativo que la Secretaría de Educación ejecute recorridos de seguridad física en todos los planteles para identificar y clausurar cualquier espacio que no cumpla con las normas de transparencia y seguridad para el alumnado.
La resolución de este caso demanda determinar responsabilidades administrativas y penales no solo para los perpetradores directos de los castigos, sino para los funcionarios que, por negligencia o falta de supervisión, permitieron que una infraestructura escolar se convirtiera en un centro de reclusión y violencia. La seguridad de las niñas, niños y adolescentes en México depende de la erradicación total de estas «zonas de silencio» dentro de los centros educativos.
