Por Leslie Gordillo
CANCÚN.- La retribución que Grupo Xcaret tendría que entregar a las comunidades mayas por la explotación y usufructo de su cultura, será sometida a consulta popular en más de 1,000 comunidades y sólo así se decidirá si el consorcio podrá usar los símbolos mayas en sus espectáculos y decoración, indicó el abogado Alfredo Caamal Huchin, consultor jurídico intercultural.
El tema no corresponde ni al Consejo Supremo Maya, ni a los generales, ni sacerdotes de los centros ceremoniales mayas, sino a todas las comunidades de la región maya del país, que básicamente se ubica en la Península de Yucatán, según el propio resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De acuerdo con Caamal Huchin tras la suspensión de la Travesía Sagrada Maya, relacionada con el patrimonio cultural por parte de Grupo Xcaret y la resolución de la SCJN, la comunidad maya se prepara para un proceso histórico de consulta.
Te puede interesar: Convocan a protesta por cancelación de Travesía Sagrada Maya
«Aquí lo que está en análisis, en todo caso y sí quisiéramos que se reconozcan y lo entiendan, no solo Xcaret, sino todas las empresas turísticas, es que nuestras comunidades indígenas, particularmente mayas, las 1,021… es la libre determinación y desde luego la consulta previa, libre, informada, en cuanto a la protección de nuestro patrimonio cultural«, detalló.
Según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el plan de acción abarca a 1,021 comunidades distribuidas en los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, lo que impactará directamente en una población de más de un millón 100 mil habitantes, con el objetivo de proteger el patrimonio biocultural, que deje de ser una concesión graciosa de las empresas y se convierta en un derecho exigible y estructurado bajo los marcos institucionales vigentes.
En el caso específico de Quintana Roo, señaló, se tiene proyectada la realización de 26 asambleas comunitarias, para lograr este objetivo, se ha diseñado una fase inicial informativa que contempla 16 reuniones estratégicas en municipios clave como Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Bacalar y Othón P. Blanco.
Estas asambleas, detalló, no son meros trámites administrativos, sino espacios donde cada comunidad debe nombrar representantes y asesores técnicos para validar cualquier acuerdo futuro con el sector privado o las instancias gubernamentales.
Reiteró que la intención de los líderes y asesores mayas no es frenar el desarrollo económico, sino transformar la relación jerárquica actual en una de socios comerciales, que las comunidades tengan una participación directa que podría oscilar entre el 2 y el 10% de los beneficios, destinados a proyectos sociales como becas para jóvenes profesionistas.
Este nuevo trato requiere que las empresas comprendan que el patrimonio cultural tiene un valor espiritual y ancestral que no puede ser simplemente comprado.
«No es cualquier asamblea, no es cualquier acuerdo que se va a tomar, prácticamente, es digamos la materialización del sentir, del consentimiento de nuestras comunidades, es decir, de nuestra vida propia que se va a poner ahí», puntualizó.
