El uso de la fracturación hidráulica para extraer gas en Coahuila representa una amenaza directa para el equilibrio hídrico y la salud pública regional. Treinta y cinco organizaciones civiles han desestimado la viabilidad de esta técnica, argumentando que la evidencia científica internacional demuestra daños irreversibles en el aire, el agua y la integridad de los territorios afectados.
Postura institucional frente a la promoción de inversiones extractivas
Las declaraciones de la administración estatal, encabezada por Manolo Jiménez Salinas, han generado una reacción inmediata en sectores sociales y ambientales. Durante una gira por Estados Unidos iniciada el 15 de abril, el mandatario posicionó la explotación de gas como una prioridad para la reactivación económica y la generación de empleo, sosteniendo que el proceso puede ejecutarse mediante tecnologías sustentables.
Este enfoque es refutado por el bloque de organizaciones civiles, que señalan la inexistencia de mecanismos que mitiguen el impacto estructural del fracking. La narrativa de desarrollo duradero es cuestionada bajo la premisa de que esta actividad solo produce empleos temporales y condiciones de precariedad laboral, mientras las utilidades se concentran en corporaciones extranjeras, trasladando los costos ambientales y sociales a las comunidades locales.
El costo humano y laboral de la industria del gas
La seguridad de los trabajadores es uno de los puntos críticos señalados en el pronunciamiento. Datos provenientes de Texas revelan que, entre 2014 y 2019, el sector de petróleo y gas registró 219 fallecimientos de trabajadores, la cifra de mortalidad laboral más alta en Estados Unidos para este rubro.
Además de la accidentalidad, los riesgos biológicos son persistentes. Estudios del Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, basados en muestras de 11 sitios de fracturación en cinco estados, confirmaron que el 79% de los puntos evaluados presentaban exposiciones a sílice por encima de los límites recomendados. Este material está vinculado directamente con:
- Silicosis: Una enfermedad pulmonar degenerativa e incurable.
- Cáncer de pulmón: Incremento significativo en la incidencia entre operarios.
- Patologías respiratorias crónicas: Degradación general de la capacidad pulmonar.
Crisis hídrica y toxicidad en el subsuelo
En un contexto de escasez de agua en el norte de Coahuila y la región carbonífera, la intensificación del consumo hídrico resulta alarmante. En la Cuenca Pérmica, el volumen de agua utilizado por pozo experimentó un crecimiento del 770% entre 2011 y 2016, escalando de 4.9 millones a 42.5 millones de litros por cada unidad de extracción.
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos documentó en 2010 la presencia de concentraciones peligrosas de metano en pozos de agua potable, lo que conlleva riesgos de explosión. Asimismo, se detectaron compuestos como el benceno, catalogado como un potente carcinógeno.
El mito del agua tratada en la fracturación
La afirmación de que el proceso puede prescindir de fuentes dulces es considerada engañosa. La técnica depende estructuralmente de agua dulce, ya que el tratamiento y la reutilización de aguas residuales enfrentan barreras técnicas y costos operativos prohibitivos. En el contexto nacional, cada operación de fractura requiere entre 8 y 10 millones de litros de agua. Menos de la mitad de este líquido retorna a la superficie, y el que lo hace vuelve contaminado con:
- Sales minerales pesadas.
- Metales tóxicos.
- Compuestos químicos industriales.
Exigencias para una transición energética soberana
Las organizaciones, entre las que destacan la Alianza Mexicana Contra el Fracking, Casa la Comuna, Coahuila sin Fracking, Colectivo Sí a la Vida, y Pro Defensa del Nazas, insisten en que Coahuila no debe ser tratada como una «zona de sacrificio». La propuesta ciudadana exige la prohibición total de la técnica y la creación de un comité multisectorial que evalúe alternativas energéticas realmente sustentables para reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
La prioridad, según el comunicado, debe ser la protección de los ecosistemas y el respeto al derecho a la información de los ciudadanos, anteponiendo la seguridad hídrica a los intereses extractivos de corto plazo.
