Agencias
CANCÚN.- Al sospechar que probablemente la venta de fauna en tianguis se realiza por desconocimiento de los propios comerciantes, la Unión de Tianguis y Comerciantes Ambulantes del Estado de Quintana Roo solicitará a las autoridades que realicen una campaña informativa para evitar esta práctica.
Entrevistada luego que el pasado fin de semana autoridades aseguraran animales exóticos en el tianguis de la Región 101, Paloma Ortega Cuervo, lideresa de este sindicato, afirmó que muchas de las personas que venden fauna son habitantes de las zonas donde se colocan los comerciantes del gremio.
La representante de este gremio sostuvo que muchas de estas personas probablemente desconocen las consecuencias legales de vender fauna; de ahí su insistencia en seguir ofreciendo animales en venta.
«A lo mejor también por desconocimiento, porque ¿Quién se quiere meter en este tipo de problemas? Tan penado que está y que a parte te dejen una mega multa que a lo mejor ni puedes pagar», declaró.
Afirmó que este sindicato no está facultado para decomisar animales, pero sí para colaborar con las autoridades en cuanto detecte irregularidades.


Informó que este fue el caso del pasado fin de semana, cuando el sindicato detectó a estos vendedores y solicitó el apoyo de las autoridades municipales.
Precisó que muchos de los vendedores que ofrecen fauna no pertenecen al sindicato, y además suelen colocarse sin permiso, cambiando constantemente de ubicación para evadir la vigilancia.
Por último, Paloma Ortega recalcó que es de suma importancia la concientización contra este delito, por lo que en breve solicitarán a las autoridades que lleven a cabo una campaña informativa que el propio sindicato ayudará a difundir entre sus agremiados.
Durante el operativo realizado el pasado fin de semana, las autoridades aseguraron un cocodrilo Moreletii (Crocodylus moreletii), un dragón barbudo (Pogona vitticeps), un camaleón (Chamaeleo calyptratus), además de varios animales domésticos.
Dichos ejemplares de fauna silvestre y exótica fueron asegurados por la Dirección General de Ecología para su posterior resguardo y canalización ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
Actualmente, la Ley General de Vida Silvestre contempla sanciones de hasta cinco mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs), así como penas de prisión de hasta nueve años para quienes incurran en la venta o tráfico de vida silvestre.
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