Redacción
CHETUMAL.- La dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional en Quintana Roo cuestionó que la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso Grupo Xcaret, aunque presentada como una defensa del patrimonio cultural indígena, mantiene abiertas contradicciones sobre la forma en que el Estado aplica criterios distintos frente al uso de elementos culturales en proyectos públicos y privados.
“Estamos ante una decisión que, en el discurso, defiende el patrimonio cultural de los pueblos originarios, pero que en la práctica deja abiertas interrogantes fundamentales sobre la congruencia institucional y el modelo de desarrollo que se está impulsando en el país”, afirmó Cora Amalia Castilla Madrid, presidenta del Comité Directivo Estatal priista.
La dirigente sostuvo que el criterio de la Corte, al establecer que el patrimonio cultural material e inmaterial pertenece de manera colectiva a los pueblos indígenas y que su protección es de orden público, es jurídicamente consistente, pero consideró que el debate no se agota en una empresa particular, sino en el modelo institucional que regula ese uso.
Según expuso, mientras se fija una restricción para particulares, el propio Estado ha recurrido de manera sistemática a símbolos, iconografía y narrativa indígena en obras de gran escala como el Tren Maya, sin que —dijo— exista plena certeza de que se hayan aplicado con el mismo rigor los estándares de consentimiento previo, libre e informado de las comunidades.
En ese contexto, defendió el papel de Grupo Xcaret en la proyección internacional de la cultura mexicana y afirmó que el proyecto encabezado por Miguel Quintana Pali ha sido determinante en la consolidación del modelo turístico estatal.
“Xcaret ha sido, durante décadas, una plataforma de difusión del patrimonio cultural de México hacia el mundo”, señaló, al considerar que el desarrollo turístico de Quintana Roo no puede entenderse sin ese tipo de iniciativas privadas.
La dirigente priista también advirtió que la resolución judicial reabre el debate sobre la representación legítima de los pueblos indígenas, luego de que la Corte desestimara acuerdos suscritos con el llamado Gran Consejo Maya, al considerar que no representan a la totalidad del pueblo maya.
“Existe el riesgo de pasar de una apropiación privada a una tutela estatal centralizada, donde las comunidades quedan relegadas de las decisiones sobre su propia cultura”, indicó.
Añadió que la resolución fue emitida dentro de una medida cautelar y no como sentencia definitiva de fondo, por lo que consideró necesario que existan reglas claras para evitar incertidumbre jurídica en futuras inversiones vinculadas con derechos colectivos, patrimonio cultural y desarrollo económico
